¿Quién es ese rubio? se preguntó por primera vez la infanta Cristina al ver a Iñaki en un centro de deportistas de las afueras de Barcelona. El recuerdo quedó grabado su ser, hasta que años después se lo presentaron. El matrimonio de la infanta Cristina con el deportista  Iñaki  Undangarín lo reseñó  la prensa mundial como una novela color de rosa, en la que el cálido  amor de la princesa por el destacado y atlético jugador había prevalecido sobre las viejas consideraciones e intereses  de sangre  de la realeza. Las revistas de farándula  decían que al verlo jugar la Infanta quedó prendada y hasta dormía pensando en él. Lo demás es harto conocido, puesto que los medios de comunicación registraron complacidos el romance, la forma cómo los enamorados vencieron todas las resistencias pacatas de la familia real y los convencionalismos. Los expertos explicaban que por esa vía se fortalecía la monarquía y se renovaba la vieja sangre de los Borbones, que tenían el lastre de delicados problemas hereditarios  de salud. Los padres de Cristina se habían casado siguiendo los rigurosos cánones de la realeza, con la idea que algún día Juan Carlos se convertiría en Rey de España, como en efecto ocurrió. El matrimonio se efectuó en 1964, bajo la sombra del  largo régimen  del Generalísimo Francisco Franco, cuando aún había dudas sobre si se restablecería la monarquía en España y a quien le correspondía el trono.

Hace dos años los medios volvieron a la carga con el nombre de Iñaki Indangarín y de la Infanta Cristina. Ya no se trataba de romances y temas sentimentales. Se abría una investigación por los negocios del consorte, quien, supuestamente, se valía de su posición en la Casa Real para mover influencia y hacer negocios. La investigación, inicialmente, tenía visos de ser un asunto de rutina, por cuenta de los eventuales delitos que podía haber cometido el socio del ex jugador. Las cosas no daban para tocar a la Infanta, dada su repugnancia a entrometerse en los negocios de su marido. Pese a que por el vínculo matrimonial podría estar salpicada por aquello de la sociedad conyugal, dado que, al parecer, no hicieron separación de bienes para la pomposa boda. Ambos aportaban suficientes recursos para vivir bien, por lo que el marido no necesitaba lucrarse en operaciones turbias.  La investigación prosiguió su curso a cargo del juez José Castro, quien es el primer funcionario que imputa a un miembro de la Casa Real en una causa penal. Se trata de un competente burócrata que se desempeñó en el rudo trabajo en las prisiones, con una capacidad de trabajo asombrosa; interrogó durante 22 horas seguidas a Iñaki, que salió con los nervios  desechos y el ánimo por el suelo. Los que conocen bien al austero juez de 67 abriles, quien solía moverse en moto y más recientemente llega a su despacho en bicicleta, sostienen que tiene la misma voluntad punitiva que caracterizó a grandes inquisidores como Torquemada. El que cae en sus garras debe prepararse para lo peor.

El  abogado Andrés Jiménez de Parga ha declarado que “es absolutamente reprochable en términos jurídicos" que el magistrado haya adoptado la  decisión contra la Infanta dizque para despejar dudas sobre ella, por considerar que esta argumentación vulnera "el principio de 'ultima ratio' que configura nuestro Derecho penal" y que: “tiene como fundamento jurídico-constitucional precisamente lo contrario de lo que el juez afirma en el auto de imputación".

La fiscalía a cargo del caso ha disentido públicamente de la decisión del juez que se aferra a indicios frágiles que no dan para querellar a la dama. Los expertos sostienen que el magistrado debió dar traslado del caso a la Fiscalía Anticorrupción, lo contrario demostraría una insana parcialidad. Las opiniones se dividen, el pueblo español le tiene una gran simpatía a la Infanta, quien  se casó por amor. Y en España el amor todavía  conmueve a las gentes, pese a la crisis financiera que agita al país.

No faltan los más perspicaces que sostienen que se trata de una jugada ideada por los políticos comprometidos en diversos casos de corrupción que apelan a la felonía de enlodar a la familia real. Como el Rey nada tuvo que ver con las decisiones político-económicas  de los gobiernos de España que tienen al país en la ruina, al imputar a su hija pretenderían dar un golpe mortal a la Corona.

Las dudas  persisten al leer entre líneas un párrafo del escrito del juez Castro en el que sustenta su determinación, pareciera apuntar directamente a la Corona y deja enormes dudas en la opinión pública sobre su objetividad e intenciones, puesto que dice: "no se acaba de entender que S.M. el Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido" para instarle a desvincularse del Instituto Nóos.