El debate en Colombia en torno al rumbo de la transición energética sigue ahondándose. Mientras que algunos sectores, en medio de las alertas crecientes por el impacto del cambio climático, urgen acelerar el ritmo para dejar atrás de forma más rápida el uso de combustibles fósiles, otros advierten que no se puede improvisar en tan delicada materia y debe procederse de forma ordenada y cautelosa en esa dirección, sobre todo por los efectos políticos, económicos, sociales e institucionales.

Un insumo clave en esta discusión lo dio esta semana la Contraloría General, según la cual proteger los recursos naturales de una manera tan categórica, como lo está planteando el Gobierno, implica una reducción en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. Para el ente de control, si bien es necesaria esa protección, hay que buscar un equilibrio en la transición energética.

El contralor advirtió que producto de la explotación y exploración de los hidrocarburos se incorporan al Presupuesto General de la Nación un promedio de $83 billones cada año. Indicó que si se van a suspender esas actividades hacia el futuro, “en el mediano plazo, no hoy, pero en cinco, en ocho años, se verían los impactos de no tener más licencias de exploración, más licencias de explotación, y esto significa una reducción considerable en los ingresos de la Nación”.

En ese orden de ideas, hizo un llamado para que se plantee cómo el modelo de provisión energética que produce recursos se reemplaza, en la matriz del Marco Fiscal de Mediano y Largo plazos, por otro tipo de actividades que sean sostenibles en el tiempo y estabilicen las finanzas de la Nación.

A la par de lo anterior, la Contraloría pidió acelerar y mejorar la inversión pública en cuidado ambiental. En esa dirección dio varios campanazos. Por ejemplo, alertó sobre la baja ejecución de recursos asignados a conservación de páramos, provenientes de transferencias del sector eléctrico. Recalcó que desde 2019 hasta junio de 2023 se apropiaron 16 mil millones de pesos por este concepto, pero solo se han ejecutado cuatro mil millones.

En la misma dirección se advirtió, con base en el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente, que en 2002 la ejecución de recursos de inversión por parte de las Corporaciones Autónomas Regionales fue apenas del 57 %.

Igualmente, la entidad trajo a colación que no existe en Colombia una Política Pública sobre la Gestión Integral de los Páramos, que defina y delimite responsabilidades.