En momentos en que se prenden las alertas en múltiples sectores por cuenta de la estrechez fiscal, no deja de llamar la atención que los entes de control y las veedurías ciudadanas tengan la lupa encima de los gastos en que incurren muchas entidades del orden nacional, regional y local para costear la impresión de libros en donde se consigan las ejecutorias de los respectivos gobernadores, alcaldes, ministros, directores de agencias, institutos, departamentos administrativos y demás entidades del gobierno nacional central, departamental o municipal.

Este tipo de contratos suelen estar rodeados de controversias y no pocas sospechas, tanto por la pertinencia de la publicación de dichos libros, su utilidad final real, la calidad de los mismos, así como por el costo de su impresión y distribución.

El último campanazo al respecto lo dio esta semana la Procuraduría General que ordenó la apertura de una indagación previa contra funcionario por determinar de la administración del exalcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, por el presunto contrato que se firmó para la elaboración o diseño e impresión de libros que contienen las memorias y legados de gestión.

No ha sido el único de los mandatarios regionales y locales que entregó el poder el pasado 31 de diciembre al que le han cuestionado los recursos que se destinaron en sus respectivos periodos para financiar este tipo de libros. También se han escuchado denuncias al respecto por cuestiones similares en entidades pertenecientes a las tres ramas del poder público. Incluso se cuestiona por qué se contratan con terceros la elaboración de este tipo de documentos, cuando las entidades cuentan con suficiente personal especializado para realizar esa labor.

Visto todo lo anterior, sería positivo que en aras de las políticas de austeridad que deben aplicarse en momentos en que los presupuestos oficiales son muy exiguos, se prohibiera este tipo de contratación o que, al menos, fueran obligatorias más instancias de autorización que certifiquen que la respectiva publicación debe hacerse, es verdaderamente útil y no un mero ejercicio de egocentrismo de los funcionarios.

Aunque no pocos de los nuevos gobernadores y alcaldes han emitido en estas primeras semanas de mandato sendas directrices para ‘apretarse el cinturón’ en materia de gastos de funcionamiento, se requiere ser más proactivos en el control de algunos rubros que significan erogaciones que no son prioritarias. Cada peso que se ahorre es vital para poder reforzar las partidas de recursos destinadas a la inversión social.