* El hundimiento de la reforma a la salud
* Otro fracaso para corregir sistema ineficaz
El proyecto de reforma al sistema de salud se hundió ayer en las sesiones conjuntas de las comisiones séptimas de Senado y Cámara. Tras ser incluido su archivo como uno de los puntos centrales del pliego de peticiones del Comité de Paro que ha impulsado las protestas desde el pasado 28 de abril, la iniciativa, pese a tener apoyo del Gobierno y mensaje de urgencia, fue perdiendo día tras día el respaldo de la mayoría de las bancadas y finalmente naufragó.
Más allá de las razones dadas por los voceros de los distintos partidos, que coincidieron en que ante el agitado clima social que vive el país lo más conveniente era que el proyecto no siguiera su trámite, lo cierto es que se perdió una gran oportunidad de aplicar una reingeniería de fondo al sistema de salud.
No hay que llamarse a engaños: el articulado de esta reforma era uno de los más completos y estructurados que se ha presentado al Congreso en los últimos años. Como era apenas obvio, no todos los sectores estaban de acuerdo con los ajustes que proponía, y por lo mismo a lo largo de las sesiones, foros, audiencias públicas y demás discusiones con todos los actores del sistema, el articulado se fue corrigiendo y perfilando aún más, al punto de que se tenía mucha esperanza en el texto que estaba en proceso de construcción.
Sin embargo, al final, el crítico escenario social y político llevó a la satanización a priori de todo el proyecto y su consecuente hundimiento, perdiéndose así todo el trabajo adelantado. Ahora deberá arrancarse, por enésima vez, de cero en la corrección de un sistema cuyas falencias estructurales están más que sobrediagnosticadas y que resultaron aún más evidentes y lesivas en medio del impacto de la crisis sanitaria por la pandemia.
Obviamente ayer todos los intervinientes en las comisiones séptimas se mostraron dispuestos a tramitar una nueva reforma y señalaron que esa iniciativa tendría mayor socialización y consenso previos, no solo con los partidos sino con todos los actores del sistema de salud y aseguramiento. Pero hay que ser sinceros: a este Gobierno apenas si le quedan quince meses de mandato, agoniza ya la tercera legislatura y la última estará cruzada por la campaña electoral parlamentaria y presidencial. La praxis política colombiana enseña claramente que en este tipo de circunstancias es casi imposible que el Legislativo apruebe reformas de alto calado. Así las cosas, la posibilidad de una modificación de fondo al sistema de salud ya será un asunto del próximo Congreso y titular de la Casa de Nariño.
La consecuencia de esta nueva dilación la terminarán pagando, de nuevo, todos los colombianos que no reciben una atención médica oportuna ni de alta calidad. Seguirán funcionando, en el entretanto, muchas EPS y hospitales que claramente no tienen la solidez financiera ni la capacidad administrativa, tecnológica ni de talento humano para ofrecer un servicio de alta calidad. Igual continuará la debilidad estructural de un sistema que no ha podido avanzar de forma sustancial en la clarificación ni cancelación de billonarias deudas. La tutelitis seguirá siendo el día a día para tratar de acceder a citas, medicamentos y procedimientos. La medicina preventiva continuará brillando por su ausencia, en tanto que decenas de miles de médicos, enfermeras y demás personal sanitario se mantendrá expuesto a deficientes garantías laborales, pese al esfuerzo heroico que han realizado en medio del combate al covid-19. Incluso, aunque la Organización Mundial de la Salud ha llamado a todos los países a que ajusten sus sistemas médicos a la nueva realidad que impone la pandemia, Colombia estará supeditada a afrontar la emergencia a punta de medidas excepcionales, con un sistema claramente ineficiente que cuesta vidas a diario.
Visto todo lo anterior, parecería claro que, como lo habían propuesto algunos sectores, debió analizarse mejor la alternativa de no hundir el proyecto de reforma, sino seguir tramitándolo y ajustándolo en consenso con todos los sectores del sistema e incluso tomando en cuenta los peros del Comité de Paro. Ello habría permitido avanzar un articulado más sólido, concertado y, sobre todo, útil para corregir pronta y definitivamente todas las falencias advertidas en la prestación del servicio de salud en nuestro país. En ese orden de ideas, la reforma podría haber sido aprobada en pocos meses y entrado en vigor este año. Ahora, por realpolitik, habrá que esperar, en el mejor de los casos, al 2023, como mínimo. Lecciones evidentes de una oportunidad perdida.