El   debate en torno del proyecto de ley que pretende darle facultades al Gobierno para que regule el uso terapéutico y medicinal de la marihuana en Colombia para pacientes que sufren determinadas enfermedades crónicas, está, literalmente, que arde. Y es bueno que así sea, pues se trata de un tema que tiene muchas implicaciones, a tal punto que en otros países ha sido objeto de consultas, plebiscitos y referendos.

Frente al proyecto de ley radicado semanas atrás en el Parlamento ya se han conocido muchas posturas al respecto, incluidas las del Presidente de la República y el Procurador General. Sin embargo, es necesario que la discusión se organice y aterrice, de forma tal que la opinión pública y el grueso de los parlamentarios conozcan a profundidad todas las aristas de la propuesta y puedan, sobre una base de información objetiva y cualificada, aprobar o rechazar la iniciativa. Para que ello sea posible debe abrirse espacio en las comisiones y plenarias del Senado y la Cámara a las voces de la academia médica, la Iglesia y a todos los sectores políticos, sociales, gremiales, económicos e institucionales del país. Debe, por igual, citarse a foros en el Congreso y audiencias regionales en todo el país, con el fin de ampliar los debates lo más posible, más allá de la mecánica propia y los tiempos del Legislativo.

Igual el análisis de los resultados vistos en países y Estados federados en donde ya se ha dado este paso frente al uso medicinal de la marihuana, su impacto en la tasas de drogadicción y el negocio mismo del narcotráfico, tiene que hacer parte de la controversia.

No se está aquí ante un asunto menor, al punto que los críticos más drásticos alertan sobre una posible antesala a la legalización de las drogas. Así las cosas, si la discusión va a abordarse, no puede encerrarse en el Congreso ni someterse a la inflexibilidad de los tiempos de trámite legislativo. Hay que abrir un debate de índole nacional y sobre sus conclusiones, entonces sí, tomar las decisiones normativas a que haya lugar.