El  atentado cometido esta semana en un céntrico sector comercial de Quibdó, en donde un artefacto explosivo fue detonado en horas de la noche en el interior de un supermercado, tiene que prender las alertas no sólo en el Chocó sino en nivel nacional.

Si bien las investigaciones sobre los móviles y autores materiales e intelectuales no han arrojado todavía ningún resultado concreto, las primeras hipótesis apuntan a que la acción terrorista, que causó la muerte a cuatro personas y dejó más de una decena heridas, podría haber sido causada por una retaliación de grupos ilegales contra los comerciantes que no estarían pagando extorsiones y ‘vacunas’. Ya hay algunos sospechosos detenidos y se indaga si tienen relación con el frente 34 de las Farc que delinque en este departamento. Igualmente no se descarta tampoco que el atentado pudo haber sido ordenado por  bandas criminales emergentes, llamadas Bacrim, que también tienen azotadas a las personas de bien de la capital chocoana a punta de extorsiones y amenazas.

Más allá de esas hipótesis, lo que es claro es que se trató de una acción típicamente terrorista que siendo ya grave que le haya quitado la vida a cuatro personas, pudo tener un saldo fatal más alto, pues la hora en que se produjo la explosión es de alto tráfico en ese sector de Quibdó.

Por lo mismo, además de designar un equipo de investigación especializado y ofrecer una millonaria recompensa por información que permita identificar a los responsables del bárbaro hecho, se requiere que las autoridades hagan un llamado a los comerciantes, industriales y demás sectores económicos, sociales y políticos chocoanos para que pongan en conocimiento de la Fiscalía y la Fuerza Pública si están siendo extorsionados. Es claro que cuando los delincuentes se atreven a un ataque de estas dimensiones ya no se está hablando de pequeñas organizaciones criminales, sino de grupos ilegales de extrema peligrosidad. De allí que las autoridades deban actuar con rapidez y eficacia para llevar ante la justicia a los culpables de la tragedia en la capital chocoana. El Estado tiene que sentar en este caso un precedente determinante y ejemplarizante. Si ello no ocurre, y la investigación se dilata con el pasar de los días y las semanas, los perpetradores no dudarán en volver a cometer actos de similar o más gravedad, no sólo en el Chocó sino en otras regiones del país en donde la extorsión se ha convertido en un monstruo de mil cabezas.