· Se hundió regulación a vigilancia privada
· Cadena de errores y lección por aprender
El trámite del proyecto de ley que regulaba el servicio de vigilancia y seguridad privada en Colombia puso el descubierto gran parte de los vacíos que todavía persisten sobre los niveles de transparencia que deben rodear la presentación, discusión y aprobación de las iniciativas legales y constitucionales en el Parlamento.
El proyecto que pretendía generar una especie de Estatuto que ordenara en un solo texto toda la normatividad que hoy existe al respecto, que no solo es dispersa sino que tiene muchas falencias en materia de control, terminó hundiéndose ayer en la Comisión II de la Cámara de Representantes, en medio de un ambiente cargado de sospechas y señalamientos, en el cual hasta el senador autor de la iniciativa urgía su archivo porque su articulado original se había reformado sustancialmente.
En las últimas semanas prácticamente no hubo sesión en la que no se hablara de “micos” y “orangutanes” escondidos entre los incisos y parágrafos del extenso articulado. También se pusieron sobre el tapete sospechas de presuntas presiones de empresarios del sector. Varios parlamentarios tuvieron que salir a aclarar que no habían recibido donaciones para sus campañas de personas naturales que tuvieran relación directa o indirecta con la vigilancia privada. El Superintendente de Industria y Comercio alertó sobre el grave riesgo de que un artículo del proyecto estuviera poniendo un palo en la rueda a las investigaciones sobre ‘cartelización’ de compañías para ganarse los contratos de vigilancia en muchas entidades públicas. El Ministerio de Comercio Exterior, a su turno, tuvo que terciar en torno a la posibilidad de que se prohibiera la participación de empresas de capital extranjero en este sector de la economía que mueve billonarias sumas al año. El pulso alrededor de este tema llegó al punto de analizar si al permitir la inversión foránea en este campo se podría estar poniendo en peligro la seguridad nacional o el mandato constitucional del monopolio de las armas en cabeza del Estado. Hasta el Ministro de Defensa tuvo que terciar en el asunto.
Tampoco fue menor la discusión que se dio en torno a la posibilidad de que las licitaciones que realizan las instituciones oficiales para adquirir los servicios de vigilancia pudieran salir de la órbita del plan Colombia Compra Eficiente, que se creó precisamente para garantizar que no hubiera sobrecostos ni prácticas de corrupción en la asignación de los contratos. Por igual fue evidente que los distintos gremios que hay en el sector tuvieron posiciones encontradas a lo largo de las últimas semanas, e incluso los sindicatos que agrupan a los celadores y vigilantes también participaron desordenadamente de toda esta torre de babel en que se convirtió el trámite de una iniciativa que, como se dijo, llegó a ser tan confusa y sospechosa, que era casi forzoso su archivo.
Como se ve, difícilmente pudo ser más accidentado y traumático el trámite de un proyecto que, se sabe, era urgente para modernizar la regulación del sector de la seguridad privada, establecer nuevos y más eficientes controles a las empresas y los servicios que prestan así como asegurar la transparencia presupuestal de los contratos que firman con entidades del Estado. Por más que se aplauda el hundimiento de una iniciativa que estaba marcada por la sospecha, no se puede perder de vista que el desorden normativo y empresarial en este delicado sector, continúa vigente.
De otro lado, una vez más queda en evidencia que el lobby en el Congreso colombiano requiere ser taxativa y eficientemente reglamentado, como ocurre en parlamentos de otros países. También que debe facilitarse el acceso de la ciudadanía a los listados sobre los financiadores y donantes de las campañas de los congresistas. Por igual, es claro que tanto el Gobierno como las superintendencias actuaron tardíamente para alertar sobre los riesgos que implicaba el articulado que estaba avanzando. Igual se puede decir de la Procuraduría, la Fiscalía y las propias comisiones de Ética de Senado y Cámara, que se mostraron pasivas pese a la gran cantidad de graves señalamientos que rodearon el debate al polémico proyecto. En fin, una cadena de errores sin antecedentes.
Tras todo lo ocurrido, se espera que ahora el Gobierno, en un trabajo conjunto de varios ministerios y superintendencia, redacte un nuevo proyecto de ley que regule el servicio de seguridad privada en Colombia. Un trabajo que debe contar con la participación de todos los actores del sector, con la más absoluta transparencia y las cartas sobre la mesa. No hacerlo, sería un yerro de graves implicaciones y una patente de corso para que sigan las irregularidades.