*Once mil cámaras instaladas a 2018
*Medidas complementarias al sistema
La tecnología es uno de los mejores aliados de la preservación del orden público y la seguridad ciudadana. Colombia, por efectos de cinco décadas de conflicto armado, así como de la combinación de distintas modalidades de delincuencia organizada y común, es uno de los países en donde más se recurre a las novedades tecnológicas para combatir la criminalidad. Los aviones drones (no tripulados) que vigilan la red de oleoductos, redes viales y obras de infraestructura, han sido clave, también, para los golpes más contundentes a la guerrilla. Asimismo, se ha progresado mucho en lo que se denomina “inteligencia electrónica”. Los avances en materia de investigación criminal forense no son solo multidisciplinarios sino ejemplo a escala regional. En la industria militar se ha marcado alguna pauta con el desarrollo de sistemas de rastreo, embarcaciones, aeronaves y armas adecuadas a las condiciones de terreno y de combate en Colombia. Igualmente, días atrás se informaba de la adquisición por parte de la Fuerza Pública de vehículos multipropósito para la vigilancia vial y de control de orden público, con una alta capacidad de maniobrabilidad, equipos de última generación y capaces de soportar ataques con armas artilladas o granadas. Incluso la investigación de la Policía y la Fiscalía para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales del horrendo asesinato de cuatro menores de edad en zona rural de Caquetá, le permitió a la opinión pública percatarse de la eficacia no sólo de los uniformados y el CTI, sino de los medios técnicos de que disponen, a tal punto que se rastrearon y conocieron las conversaciones telefónicas de los sicarios con quienes los contrataron o sirvieron de intermediarios en este caso.
Visto todo lo anterior, el reciente anuncio gubernamental sobre el nuevo programa de instalación de cámaras de vigilancia en vías y sitios públicos debe entenderse como un paso muy positivo en la política de seguridad ciudadana, más aún en momentos en que los delitos de alto impacto, como atracos, robos a apartamentos, hurto de celulares, microtráfico, extorsión y otros son, precisamente, los que más preocupan a los colombianos, incluso por encima de los hechos de violencia derivados del conflicto armado.
Los planes en este campo son muy ambiciosos: instalar cerca de 7.000 cámaras de aquí al 2018, para completar más de 11.000 en todo el país. La inversión estimada es superior a los 175 mil millones de pesos. Se trata de un avance importante pues en 2010 había 920 cámaras y el año pasado se llegó a las 4.375. De cumplirse ese objetivo, la cobertura de este sistema de vigilancia casi se triplicaría en el cuatrienio, aumentando la capacidad de las autoridades para prevenir delitos y el acopio de pruebas para judicializar a los delincuentes. Además de ello, según se ha comprobado en los estudios sobre tipología de la criminalidad e índices de victimización, los porcentajes de ocurrencia de delitos en los sitios vigilados por cámaras tienden a disminuir sustancialmente cuando tanto la ciudadanía -como los propios delincuentes, negarlo sería ingenuo- se percatan de la presencia de lentes. Se trata de un factor disuasivo muy importante, incluso por encima de la presencia física de los uniformados.
Pero la ampliación del número de cámaras de vigilancia en sitios públicos debe ir acompañada de otras medidas. En primer lugar, que la reacción de las autoridades ante una alerta de los operadores de la red de video-vigilancia sea más rápida y eficaz. Un segundo punto es que el mantenimiento de los equipos sea permanente, pues en no pocas ocasiones dejan de funcionar y no se arreglan. Una tercera prioridad se refiere a que fiscales y jueces les den un mayor valor probatorio a las imágenes captadas por este sistema, ya que existen algunos casos en donde su validez ha sido puesta en duda por maniobras torticeras de los abogados defensores de los sindicados. Igualmente tiene que escogerse la mejor tecnología posible, con el fin de que la nitidez de las imágenes sea la mayor posible para identificar a todos los que allí aparezcan. Aquí debe tenerse como ejemplo los nuevos equipos que se instalarán en la red de buses articulados en Bogotá, que permiten una detección muy detallada de los rostros. Y, por último, tiene que buscarse una mejor coordinación con la red de cámaras de los inmuebles privados, cuyo número también es muy sustancial y que aumentaría la cobertura de video-vigilancia de forma notable. Si ello se cumple, el sistema funcionará cada vez mejor y la oportunidad de los ladrones para cometer delitos o quedar impunes, disminuirá.