El hecho de que en una sola semana se haya anunciado una cantidad de investigaciones y decisiones de la Procuraduría sobre altos funcionarios del Gobierno es sintomático de una accidentada gestión de la Administración Petro.

Un rápido repaso a lo ocurrido en los últimos días evidencia que el Ejecutivo está bajo la lupa del ente de control disciplinario. Por ejemplo, ayer la Procuraduría −en conjunto con la Defensoría del Pueblo− solicitó al Tribunal Administrativo de Santander verificar si hay un eventual desacato por parte de la ministra de Ambiente por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que ordena delimitar el páramo de Santurbán.

De igual manera, también el Ministerio Público ordenó ayer la apertura de una investigación disciplinaria contra el ministro de Transporte, William Fernando Camargo Triana, por las presuntas irregularidades en la decisión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de revocar la concesión portuaria que días antes le había sido adjudicada al Grupo Portuario S.A.

Adicionalmente, la misma entidad prorrogó, el martes, por tres meses la suspensión provisional del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, en juicio disciplinario por las presuntas irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes.

El lunes, entre tanto, la Procuraduría pidió suspender el proceso de selección que adelanta el Ministerio de las Culturas, las Artes y Los Saberes para contratación de servicios destinados al fomento y difusión del patrimonio cultural colombiano, así como del manejo de actividades de los museos Nacional Rafael Núñez y Antonio Nariño, entre otros.

El fin de semana, a su turno, ante el aumento de los casos de violencia física, sexual y emocional contra las niñas y los niños en el país, el ente de control urgió a las autoridades competentes en todo el territorio nacional, responsables de la activación de rutas de atención y de protección en favor de las víctimas y sobre las actuaciones administrativas de restablecimiento de derechos.

También el sábado, la institución disciplinaria hizo un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, pidiendo su intervención inmediata frente a la crisis humanitaria que se viene presentando en el Cauca.

Y, como si todo lo anterior fuera poco, la Procuraduría emitió un informe en el que advirtió de la muy baja ejecución del presupuesto de inversión de la vigencia 2023, rajando a varios ministerios.

Como se ve, no se trata de investigaciones ni campanazos sobre temas menores. Por el contrario, son asuntos de alta importancia que ponen en duda muchas actuaciones del Gobierno.