El  arranque hoy del ciclo de negociación número 27 entre las delegaciones del Gobierno y las Farc en La Habana, para abordar el difícil punto de la participación de las víctimas en la Mesa, impone un reto de grandes implicaciones para las partes.

Está visto que definir quiénes y en representación de qué sectores viajarán a la capital cubana para exponer sus pareceres ante la Mesa de Negociación, ha dado lugar a múltiples controversias, pese a que tanto la ONU como la Universidad Nacional han tratado de dar la mayor cabida posible a todos los afectados por la violencia armada de las últimas décadas. Si bien, siendo tan amplia la gama de víctimas que ha dejado la guerra en nuestro país, era previsible que se presentaran este tipo de discusiones, no se puede desconocer que los cruces de acusaciones y señalamientos sobre presuntos vetos y politización de las vocerías enrarecieron el tema de forma sustancial. Es más, está visto que ni siquiera el Gobierno o las Farc tienen coincidencias respecto a quiénes se pueden considerar como víctimas y quiénes no.

Quizá eso debió ser lo primero en definirse, pero como es imposible echar el tiempo atrás, lo importante ahora es que la delegación de  afectados por el conflicto que viaje a La Habana sea lo más democrática, representativa e incluyente posible. Ya las partes indicaron que no habrá vetos ni exclusiones y, en razón a ello, siempre en esta clase de situaciones es mejor pecar por exceso que por defecto. Ya los foros regionales de las últimas semanas dieron un panorama mucho más claro sobre el universo de las víctimas y, más allá de las polémicas, es evidente que el asunto resultó más complejo de lo que inicialmente se pensó. Hay, pues, que acudir al equilibrio y la ponderación, e incluso a la creatividad y la flexibilidad de la Mesa, para superar los obstáculos vistos y dar paso a un hecho inédito en los procesos de paz en Colombia: darles voz a los perjudicados por la guerra.