La   historia colombiana, sobre todo en las últimas décadas, está llena de no pocas controversias sobre los procesos de privatización de empresas estatales. Polémicas sobre la oportunidad de tales enajenaciones, los precios pactados, la arquitectura de las transacciones, las prerrogativas dadas a los compradores, el eterno debate sobre si se trataba de compañías que hacían parte de sectores estratégicos para la Nación, las oportunidades de negocio o los picos de rentabilidad que sobrevinieron para esas compañías oficiales… En fin, todo un rosario de discusiones que aun pasados los años e incluso las décadas perduran.

Y es, precisamente, teniendo ese telón de fondo como debe analizarse la decisión del actual Gobierno de aplazar por un año la venta de la mayoría accionaria en la generadora y transportadora energética Isagen. A lo largo del accidentado trámite de este proceso de privatización asuntos como la entrada en operación de Hidrosogamoso o el tira y afloje sobre cómo los consorcios nacionales o extranjeros podían pujar por quedarse con el dominio de una de las compañías más poderosas del sector, hicieron evidente que era necesario ajustar aún más el modelo de negocio. Una mayor claridad lo único que puede redundar es en que el precio final de venta sea más alto al abrir de nuevo la baraja de compradores.

Ya tanto el Ministerio de Hacienda como el propio Presidente de la República reiteraron que los programas de infraestructura vial de cuarta generación no se verán impactados por este aplazamiento. Se trata de un programa por fases y hasta el momento está en ejecución la primera y se trabaja en la estructuración de la segunda. No hay, pues, peligro de desfinanciamiento ni tampoco el temor de una reforma tributaria a contrarreloj para conseguir recursos.

Abocar el proceso de privatización ahora no era conveniente y se actuó en consecuencia. Así de simple. Haber seguido adelante pese a los problemas advertidos llevaría a que este proceso hubiera terminado engrosando el ya largo listado de polémicas de las últimas décadas sobre discutibles enajenaciones de empresas estatales.