Termina otro año y nada que se encuentra una solución definitiva para superar la problemática de una gran cantidad de personas privadas de la libertad que están hacinadas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía.

Fue uno de los temas más debatidos este año entre el Gobierno Nacional, los gobernadores y alcaldes, así como en el Congreso. Varias medidas se pusieron sobre la mesa, desde proyectos de ley de flexibilización penal hasta acuerdos entre el Ejecutivo y las administraciones seccionales en torno a la ampliación de la red carcelaria a corto y mediano plazos.

Asimismo, se planteó la posibilidad de que personal del Inpec se encargara de la custodia de los presos en estos establecimientos, con el fin de que los policías que hoy cumplen esa labor puedan salir a las calles a reforzar los operativos contra el pico delincuencial.

A la par de lo anterior, tanto la Corte Constitucional como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo emitieron más alertas en torno al hacinamiento y otras deficiencias graves en las condiciones en que permanecen los detenidos en las estaciones policiales y las URI.

La última medida que se tomó al respecto fue la aprobación la semana pasada del proyecto de ley que otorgó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) el mantenimiento del servicio de alimentación los 17 mil reclusos que permanecen en estos lugares.

Dicha función estará en cabeza de esta entidad adscrita al Ministerio de Justicia hasta el 30 de junio de 2025 y a partir de esa fecha la responsabilidad recaerá en los municipios y departamentos, según lo ordenado por el máximo tribunal constitucional en 2022. No es un tema menor, más aún si se tiene en cuenta que este año, por ejemplo, ese servicio costó más de 92 mil millones de pesos.

Si bien es cierto que la norma aprobada por el Senado y que será sancionada en próximos días por la Presidencia de la República evita el riesgo de que esta población tras las rejas quedara sin esta asistencia vital, no puede perderse de vista que se trata de una solución temporal.

Es imperativo que los ministerios de Justicia y Defensa, el Inpec, así como Asocapitales, Asointermedias, Fedemunicipios, Fedepartamentos, Defensoría del Pueblo, Procuraduría y el Congreso sigan trabajando en una medida definitiva para acabar de raíz con el hacinamiento en estaciones y URI, que deben retornar a ser lugares de detención temporal mientras los jueces resuelven la situación jurídica de los sindicados y condenados, y los ubican en cárceles ordinarias.