* Complejo panorama en gobernaciones y alcaldías
* Duro coletazo de pandemia se ‘tomó’ las agendas
El próximo sábado se cumplirá un año de las elecciones regionales y locales en las que fueron escogidos los gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles que se posesionaron el 1 de enero pasado. Tras casi diez meses de gestión de los ejecutivos y legislativos seccionales y municipales, es claro que esta primera parte de sus mandatos ha sido muy complicada, quizá la más compleja desde que entró a regir la elección popular de las autoridades territoriales.
La pandemia del Covid-19, que prendió las alertas de los gobernadores y alcaldes cuando apenas llevaban unas semanas en el poder, ha condicionado de forma sustancial sus mandatos. No hay que olvidar que desde finales de marzo empezaron a implementarse las cuarentenas como principal fórmula para contener la curva de contagios y decesos por el virus, generando la más profunda parálisis productiva y el más grave coletazo socio-económico de las últimas décadas.
De esta forma, los titulares de departamentos y municipios han tenido que dedicar gran parte de su gestión a implementar los planes de contingencia y prevención sanitaria, no solo para contener la pandemia lo más posible en sus respectivas jurisdicciones, sino también para incrementar su capacidad de respuesta hospitalaria, sobre todo a nivel de Unidades de Cuidado Intensivo. A la par de ello, las administraciones han estado volcadas a acelerar la llegada de los mercados, subsidios y demás ayudas y alivios que el Gobierno nacional activó para apoyar a las familias más pobres y vulnerables. Una parte de esos recursos salió de los propios presupuestos seccionales y locales, obligando a priorizar gasto, aplazar inversiones y aumentar endeudamiento. Todo ello de forma paralela a la ingente tarea de auxiliar a las empresas y demás fuentes de empleo y sustento golpeadas de forma sustancial por las cuarentenas y la parálisis productiva en todos los órdenes…
Si bien todavía no hay cifras consolidadas sobre el impacto de la emergencia en las finanzas de departamentos y municipios, cálculos preliminares señalan que la caída en los ingresos podría llegar a dos billones de pesos, especialmente por el menor recaudo de rentas impositivas (casi al 50%), la disminución de los giros provenientes de loterías y juegos de suerte y azar así como de recursos provenientes de otros conceptos. Todo ello unido a una caída vertical en todos los renglones del sector real de la economía.
Sí, en el marco de los estados de emergencia para afrontar la emergencia desde la Casa de Nariño se lanzaron varios salvavidas a las gobernaciones y alcaldías: aval para reorientar las rentas a destinación específica; mayor flexibilidad para endeudarse; autorización para diferir el pago de los impuestos predial y de industria y comercio, entre otros; el 100% de la sobretasa al ACPM y hasta un desahorro del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet)… Paradójicamente, la semana pasada la Corte Constitucional limitó algunas de esas medidas, lo que impactará las ya de por sí alicaídas finanzas territoriales.
Es claro que se trata de gabelas presupuestales paliativas que si bien ayudan a sobrellevar la fase crítica de la pandemia no alcanzan para financiar el costoso y demorado plan de reactivación económica y social regional y local. No hay que olvidar que los índices de pobreza, que ya aumentaron en 2019, según reciente informe, se profundizarán este año por el impacto recesivo de la pandemia.
De hecho, algunos mandatarios seccionales y locales no han descartado que deban someterse a la ley de insolvencia y reestructuración de pasivos, en tanto que urgen al Gobierno nacional no solo apoyos presupuestales extraordinarios sino avanzar una reforma tributaria territorial estructural, empezando por la esperada modificación al Sistema General de Participaciones. Hasta ahora la mejor noticia fue la reglamentación al sistema de regalías, que permitirá movilizar casi 16 billones de pesos este año y el próximo.
Sin embargo, la pandemia no es el único problema grave que han enfrentado los mandatarios seccionales y locales en esta primera parte de su periodo. La situación de orden público se ha deteriorado en muchas regiones, no solo por fenómenos como el narcotráfico y la minería criminal, sino por los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados, la ola de masacres y un mayor accionar de disidencias de Farc, Eln y bandas criminales. A ello habría que sumar otros elementos como los escándalos de corrupción en la contratación para enfrentar el Covid-19, un agitado clima social en algunas regiones y la accidentada aprobación de los planes de desarrollo sectoriales que tuvieron que ser ajustados a las carreras acorde con la crisis sanitaria…
Como se ve, doce meses después de los comicios territoriales el panorama en las gobernaciones y las alcaldías es muy complejo. La pandemia no solo trastocó todas las proyecciones y cronogramas, sino que amenaza con seguir concentrando la mayor parte de los esfuerzos y margen de acción de los gobernadores y alcaldes más allá de su primer año de gestión.