* Esa población debe comprometerse con el Estatuto
* Regularización permitirá combatir focos xenófobos
La diáspora venezolana es la tragedia humanitaria más grave de las últimas décadas en el continente americano, tan solo superada por la crisis sanitaria que hoy se registra por la pandemia del covid-19, que se ha ensañado contra este hemisferio, al concentrar varios de los países con más muertes y contagios a nivel global.
Como lo hemos reiterado, no tiene precedentes en América la migración forzada de más de seis millones de nacionales en menos de cinco años. Sin embargo, eso es precisamente lo que ha producido la crisis política, económica, social, de derechos humanos e institucional en Venezuela. El régimen dictatorial chavista ha expulsado casi el 20 por ciento de su población, si nos atenemos a los últimos datos demográficos que señalan que esa nación tendría alrededor de 28 millones de habitantes al cierre del año pasado.
Como se sabe, casi una tercera parte de los seis millones de migrantes venezolanos se han radicado en nuestro país. Si bien Migración Colombia calcula que habría un poco más de 1,7 millones de nacionales de la vecina nación, otras estimaciones señalan que la cifra podría llegar a dos millones por cuenta de la creciente población flotante de los últimos meses e incluso por las familias que se han devuelto de Ecuador, Perú y otros países que extremaron sus controles migratorios o cerraron sus fronteras como medida de contingencia sanitaria.
En ese marco, Colombia expidió en marzo pasado el llamado Estatuto Temporal de Protección a Migrantes, considerado como la norma más importante que ha tomado país alguno para facilitar la regularización e inclusión a largo plazo de los desarraigados venezolanos. Varias agencias de la ONU, la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano así como otros gobiernos e instancias multilaterales no solo felicitaron a la administración Duque por el alcance solidario de la norma, sino que además la pusieron como ejemplo frente a otras naciones del subcontinente que, por el contrario, han endurecido sus políticas para reducir la llegada o tránsito de la población migrante expulsada por la satrapía de Nicolás Maduro y compañía.
De hecho, ayer Migración Colombia inició la primera fase de implementación del Estatuto, que establece la inscripción de los ciudadanos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el diligenciamiento de una encuesta de caracterización económica. Se trata de un proceso que aunque sencillo demanda que los ciudadanos del vecino país se apliquen a cumplir con los procedimientos señalados en la norma. Hacerlo les garantiza el comienzo del proceso formal de regularización de su estadía en nuestro país, al tiempo que les abre la puerta a la inclusión formal en los ámbitos laborales, educativos y de acceso a la oferta de bienes, productos y servicios públicos y privados. Como se ve, es una etapa más allá de la asistencia típicamente humanitaria.
Es imperativo, entonces, que las familias venezolanas se comprometan con este proceso. No pueden permanecer en situación irregular ni en la informalidad. Cumplir con el aporte de la información tanto del Registro como de la encuesta permitirá al Estado colombiano una mejor caracterización del volumen de esta población, sus necesidades más básicas y, sobre esa base, las políticas de apoyo social serán mejor focalizadas y efectivas.
También resulta claro que en la medida en que se avance en la regularización e inclusión de los migrantes venezolanos, perderán espacios los focos de discriminación e incluso xenofobia que aún persisten en algunas instancias populares colombianas. Es innegable que los delitos cometidos en nuestro país por unos pocos migrantes han generado una prevención cada vez mayor en la ciudadanía local. La formalización de la presencia de esos 1,7 millones de personas en nuestro territorio contribuirá a identificar a esa gran masa de extranjeros que cumplen la ley y diferenciarlos de esa muy pequeña porción que incurre en el crimen.
De igual manera, como lo hemos reiterado en estas páginas, es claro que así como la atención a la población migrante venezolana tiene un costo para el presupuesto público, no pocos estudios han señalado que su inclusión ordenada y objetiva en el ciclo económico colombiano tendrá un impacto positivo en el PIB.
Incluso, la regularización de esta población extranjera permitirá a la comunidad internacional focalizar de manera más directa los aportes que hacen a los países que han recibido gran parte de los seis millones de desarraigados por la dictadura.
El reto ahora es implementar el Estatuto. Una responsabilidad compartida, tanto para el Estado colombiano como para la población migrante, que debe comprometerse con el proceso en todas sus etapas.