* Espalda a López Obrador
* El autoritarismo de Ortega
La fortaleza de una democracia depende directa e implícitamente de la estabilidad de sus instituciones, el respeto a su Estado de Derecho y la prevalencia del equilibrio de poderes señalado en su respectivo orden constitucional y legal. Y la vigencia de todos estos elementos es responsabilidad indelegable del gobierno de turno. Cuando este último eslabón decide subvertir cualquiera de esos mandatos, entonces el sistema político mismo está en peligro y se abre paso el autoritarismo y el riesgo de violación de las garantías más fundamentales de la población.
Y eso es, precisamente, lo que está ocurriendo en algunos países de Latinoamérica en donde las bases fundacionales democráticas están en entredicho o incluso ya fueron desconocidas gravemente. En México, por ejemplo, el gobierno de Manuel López Obrador recibió una ejemplarizante descalificación ciudadana el pasado domingo, cuando el controvertido referendo promovido por la administración de izquierda para ‘decidir’ si se investigaba y enjuiciaba a cinco expresidentes por presunta corrupción, no tuvo mayor respaldo en las urnas.
La propuesta gubernamental, que desde el comienzo fue tachada de revanchista e invasora de la órbita judicial, apenas fue votada positivamente por menos del 8% de los 93 millones de ciudadanos, muy lejos del 40% de participación que se requería para tener un efecto vinculante. Ese mismo López Obrador había propuesto una semana atrás reemplazar a la OEA, hoy la principal abanderada contra los gobiernos en donde se desconoce la prevalencia de la Carta Democrática, que es algo así como la constitución continental.
Más abajo en el subcontinente centroamericano, las alertas están aún más prendidas. En Nicaragua el régimen de Daniel Ortega se lanzó abierta y desafiantemente al más puro autoritarismo con tal de asegurar su permanencia en el poder después de catorce años de férreo dominio sandinista, aunque con el paso del tiempo mutó a un gobierno represor y violento de izquierda populista que, en su momento, hizo parte del llamado “Socialismo del siglo XXI”. la oleada aquella impulsada por el auge regional del chavismo y su por entonces billonaria billetera petrolera.
Con el objetivo de eliminar cualquier competencia para los amañados comicios presidenciales de noviembre próximo, el gobierno Ortega, que cooptó todos los poderes públicos, ha hecho apresar sin razón judicial válida a no menos de siete precandidatos y candidatos de los sectores de la oposición e independientes. Pese a las sanciones y condenas internacionales, con Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA y la ONU a la cabeza, el jefe del régimen, que es acusado además de reprimir la libertad de prensa y graves violaciones de los derechos humanos, decidió esta semana, sin recato alguno, postularse a un cuarto periodo, junto a su esposa Rosario Murillo, quien funge como vicepresidente y se le considera el personaje más peligroso y vengativo del clan familiar que domina la atribulada nación centroamericana.
Cuba también ha sido noticia en semanas recientes, debido no solo a la permanencia del régimen castrista, ahora en el cuerpo ajeno del gobierno de Díaz Canel, sino por la violenta e ilegal represión a las protestas populares en toda la isla por la aguda crisis económica y social que atraviesa la población, por cuenta no solo de la pandemia sino de un sistema político anacrónico e ineficaz.
Ya en Suramérica, obviamente la mayor preocupación es la dictadura venezolana, en cabeza de Nicolás Maduro. Pese al bloqueo político, económico, diplomático y hasta judicial por parte de la mayoría de la comunidad internacional, el régimen chavista se aferra con fuerza al poder. En medio de la mayor crisis humanitaria, social, sanitaria y económica, no solo ha extremado la persecución ilegal a todos los focos de oposición, capturando a más dirigentes en las últimas semanas e impulsando un proceso electoral viciado, sino que incluso intentó detener a Juan Guaidó, reconocido por más de 50 naciones como el presidente legítimo de esa nación.
A este listado se sumó ahora Perú, en donde el recién posesionado profesor rural y dirigente de izquierda Pedro Castillo tiene prendidas todas las alarmas internas y geopolíticas. Con un plan de gobierno gaseoso y rodeado por líderes comunistas radicales, no solo planteó de entrada una incierta reforma constitucional sino que muchos sectores incas temen una reversión de la economía de mercado hacia un improvisado modelo ‘neosocialista’ y populista sin viabilidad alguna.
Si a todo lo anterior le sumamos lo ocurrido en Haití, en donde el presidente fue asesinado semanas atrás en medio de un evidente complot político de sus rivales internos, se entiende por qué se afirma que las alarmas democráticas están sonando al más alto nivel en Latinoamérica. Hay un riesgo creciente, de un lado, por el afincamiento de gobiernos autoritarios y dictatoriales, así como, de otra parte, de administraciones que aunque nacieron en las urnas quieren desconocer la institucionalidad, el Estado de Derecho y la separación de poderes.