Llevamos  treinta días de huelga judicial, por cuenta de las exigencias de los trabajadores del ramo que presionan para que les solucionen las peticiones que han hecho  en mejora de salarios y condiciones de trabajo. Las huelgas judiciales han sido recurrentes en el país, provocando un pulso entre los distintos gobiernos y los funcionarios sindicalizados. Nadie duda de la razón que les asiste a los trabajadores, quienes, fuera de trabajar duro deben asumir inmensas responsabilidades, por lo que merecen un salario justo. A partir de 1991 se viene invirtiendo más en la justicia y gran parte de los fondos los maneja el Consejo de la Judicatura, al que se le cercenaron las facultades para castigar a los magistrados. Varios criminales esperan el vencimiento de términos para volver a las andadas.

Este es país de pleitos, hasta las  discordias de baranda  terminan en  líos judiciales. Las empresas de construcción deben emplear más abogados que ingenieros, por los continuos litigios que no pocas veces lindan con la extorsión. La riñas aun entre familias y otras menores suscitan largos y costosos juicios. Con más de treinta mil pleitos engavetados, las pérdidas son multimillonarias... Pese a la creación de varias cortes y de la Fiscalía, el atraso judicial es colosal. En algún informe televisivo sobre acumulación de procesos en juzgados se mostró a estos despachos atestados de paquetes de expedientes que siguen sin resolver.  La parálisis de la justicia por más de treinta días es una vergüenza y determina que se venzan los términos para actuar y cunda la impunidad. Un servicio público no puede vivir saltuariamente en paro. Y más aún el de la justicia, columna vertebral del orden y la convivencia. El funcionario público en especial en el ramo de la justicia pese a las aulagas que sufre, tiene la obligación de anteponer esas falencias al deber de servir a la sociedad colombiana.