- La vital tarea de la Corte Suprema
- Es urgente descongelar los procesos
Celeridad y pragmatismo. Esas son las dos características básicas que debe aplicar la Corte Suprema de Justicia para concretar de una vez por todas la elección del Fiscal General ad hoc que debe asumir los tres procesos relacionados con el escándalo Odebrecht en los que tanto el fiscal general Néstor Humberto Martínez –hace un año- como la vicefiscal María Paulina Riveros –tres semanas atrás- declararon estar impedidos, decisión que fue aceptada por el alto tribunal y de allí la necesidad de buscar un tercero que se encargue de esas causas penales.
Como ya se sabe, la primera terna proyectada por el Presidente de la República para la elección del Fiscal ad hoc tuvo que ser devuelta, luego que el jueves de la semana pasada, antes de que comenzara la respectiva sesión en el alto tribunal para la escogencia, la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello, renunciara a la baraja de postulados. La Casa de Nariño entonces tuvo que recomponer la terna, designando en su reemplazo, el lunes pasado, al jurista Gilberto Orozco Orozco.
Más allá del siempre quisquilloso debate político, propio de un país polarizado, sobre los perfiles, origen y afinidades de cada uno de los candidatos, lo cierto es que se trata de una terna con todas las calidades profesionales y de trayectoria para asumir los tres casos penales señalados por la Corte. Orozco Orozco fue Viceministro de Justicia, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado del Tribunal Superior de Cundinamarca y magistrado auxiliar de la Corte Suprema, entre muchos otros cargos. A su turno, Leonardo Espinosa Quintero es doctor en Derecho, profesor universitario desde hace más de 28 años e investigador reconocido. Actualmente se desempeña como decano ejecutivo de la Escuela Mayor de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda. Por su parte, Clara María González fue Registradora Nacional del Estado Civil, conjuez de la Corte Constitucional, abogada litigante ante el Sistema Interamericano de la OEA y actual Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República.
Lista la terna, lo que debe proceder es la elección. Aunque no hay un marco normativo taxativo al cual remitirse, ya la Corte fijó algunos criterios básicos como que debe tratarse de un funcionario con dedicación exclusiva, que tenga los mismos requisitos que se exigen para ser Fiscal General y un salario proporcional al de este. Todavía no está del todo claro cómo se estructurará su equipo de trabajo, pero es obvio que se tratará de fiscales e investigadores de la propia planta del ente acusador que estarán bajo su coordinación, con cierto margen de autonomía. Igual está definido que el Fiscal ad hoc solo conocerá de los tres casos en los que Martínez y Riveros se declararon impedidos, en tanto que el resto seguirán en la unidad especializada que se creó para investigar todo lo relativo a los sobornos de la multinacional Odebrecht para quedarse con millonarios contratos de obras públicas en Colombia. Incluso resulta transparente que el Fiscal ad hoc sólo estará vigente mientras los actuales uno y dos del ente acusador continúen en sus cargos, ya que cuando terminen sus respectivos periodos el impedimento perderá móvil fáctico.
Así las cosas, todo está dado para que en la sesión de mañana la Corte Suprema proceda al análisis serio y sereno de las hojas de vida de los ternados y de no encontrar un vicio de forma y fondo sobreviniente, entonces se dé el paso definitivo a la elección del Fiscal ad hoc. Ya sea en sala ordinaria o extraordinaria, lo urgente es que esta selección se concrete antes de que comience el periodo de vacancia judicial. No hay que olvidar que esos tres procesos se encuentran paralizados y que están corriendo los términos para las distintas instancias. También que los abogados de los imputados pueden hacer uso de todos los recursos que la ley les permite para tramitar libertades, cesación de procedimientos e incluso prescripciones, si es que hay lugar a tales.
Lo importante, en todo caso, es que este proceso de elección de Fiscal ad hoc no termine enredado en medio de un pulso de incisos e interpretaciones. Inédito o no, es una instancia procedimental que, surtidos los requisitos formales, tiene que ser resuelta lo más pronto posible. No hay lugar aquí a ningún bloqueo institucional que, dicho sea de paso, sólo le sirve a quienes quieren dilatar la marcha de las investigaciones y evitar el castigo drástico a los involucrados en el mayor escándalo de corrupción de la última década, no solo en Colombia sino en Latinoamérica.