Un debate por demás interesante se abrió a partir de la acción de tutela que interpuso ante el Consejo de Estado el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gerardo Botero Zuluaga, para que se modifique la terna que presentó el Presidente de la República ante el alto máximo tribunal de la justicia ordinaria para escoger Fiscal General de la Nación.

Como se sabe, el mandatario presentó a comienzos de agosto una terna compuesta por las juristas Amparo Cerón, Ángela María Buitrago Ruiz y Amelia Pérez Parra. Sin embargo, a finales de septiembre, el Jefe de Estado volvió a remitir una nueva baraja de candidatas, excluyendo a Cerón y postulando a Luz Adriana Camargo Garzón.

De hecho, la jurista que salió de la terna informó a la Corte Suprema de Justicia que nunca se le informó por qué fue excluida e incluso ratificó que, en su entender y bajo una serie de argumentos legales y jurisprudenciales, la modificación de la baraja no era posible.

Ayer se presentó un nuevo conflicto jurídico alrededor de la terna. El citado magistrado, que obviamente hace parte de los 23 con voz y voto para elegir al sucesor de Francisco Barbosa, cuyo periodo se vence a mediados de febrero, radicó una tutela en contra de la Sala Plena de la Corte Constitucional y la Presidencia de la República.

Alega el magistrado (integrante de la Sala de Casación Laboral) que la decisión de la Sala Plena de la Corte el 14 de septiembre, cuando decidió no devolver la primera terna, y la determinación presidencial de presentar dos barajas, violan derechos fundamentales.

Para Botero Zuluaga el hecho de que la terna (inicial y modificada) estén compuestas exclusivamente por mujeres podría estar afectando el derecho fundamental a la igualdad y la equidad de género, “… violando mi derecho al voto, en tanto no se me estaba permitiendo escoger entre los distintos géneros existentes, pues una lista integrada por solo mujeres limitaba mi posibilidad de escoger entre la diversidad de géneros, para finalmente direccionar la elección en forma obligatoria e inexorable en una persona del sexo femenino”.

Le corresponderá al máximo tribunal de lo contencioso administrativo tomar una decisión definitiva al respecto de un tema interesante e inédito. Por lo general, esta clase de tutelas lo que buscan es que no se viole el derecho de las mujeres a llegar a cargos de poder y decisión. Aquí, por el contrario, lo que se busca establecer es si al postular a solo mujeres, los juristas hombres son objeto de un acto de discriminación.