Es innegable que en la última década ha existido un cortocircuito entre cuatro instancias que deberían, en sana lógica política y administrativa, tener vasos comunicantes permanentes y activos. Se trata de la bancada parlamentaria de Bogotá en el Senado y la Cámara de Representantes, la Administración Distrital, el Concejo de la ciudad y el sector privado que agrupa a los gremios productivos más importantes de la capital del país.

Ese cortocircuito ha sido, precisamente, el que explica por qué en no pocas ocasiones el peso y la defensa de los intereses de Bogotá tanto en el Congreso como en asuntos de índole nacional no son los mejores. Y también es la principal causa de la falta de coordinación y complementación entre medidas tomadas en nivel central con su aterrizaje en el ámbito distrital, o viceversa.

En no pocas ocasiones se ha insistido desde estas páginas sobre la necesidad de volver a la figura del senador regional, como una fórmula para hacer más eficiente la labor de representación y gestión de los congresistas elegidos en Bogotá con respecto a las necesidades de la ciudad. En el proyecto de reforma política que se comienza a construir ese es uno de los cambios que se está analizando y que cuenta ya con el apoyo de varios sectores de la coalición política gubernamental.

Pero mientras ello se madura es urgente que se trabaje sobre el escenario vigente y actuante ¿Cómo superar ese cortocircuito referido? En principio son tres los pasos que se deberían dar. Primero, que bancada, gremios, Administración y Concejo distritales se pongan de acuerdo para crear una instancia que les permita sentarse a la mesa a diagnosticar en qué campos se debe trabajar y cómo definir las prioridades y la construcción de la agenda. Es obvio que aquí el elemento principal es la voluntad política y las posturas constructivas más allá de las diferencias partidistas, ideológicas y otras particularidades coyunturales.

El segundo paso es, precisamente, ponerle tiempos a esa agenda y definir cuándo, cómo y para qué se debe activar cada uno de los cuatro componentes. Por ejemplo, cuándo sería necesario que los parlamentarios de la bancada capitalina les abrieran campo a los concejales y los funcionarios de la Administración o incluso a los voceros de las instancias privadas para asistir a las plenarias y las comisiones. Igual debería existir un equipo de expertos que evaluara cada proyecto de ley o acto legislativo con el fin de determinar si su impacto normativo afecta a la ciudad o si, por el contrario, es necesario adicionarle elementos o previsiones para que los intereses de los bogotanos se vean beneficiados al igual que los del resto del país.

El tercero y último paso de la estrategia es acompasar en lo posible el efecto de leyes y medidas nacionales con el trámite de proyectos de Acuerdo y directrices administrativas en nivel del Distrito, ello con el concurso y acompañamiento de los gremios privados. La idea es que siendo la institucionalidad capitalina la más estructurada del país, debe ser también la primera en crear las herramientas para aterrizar en el día a día de la ciudad las reformas y novedades de orden nacional.

Es claro que la capital del país tiene una autonomía política, administrativa y funcional que debe preservarse. Pero también es evidente que ello no puede conllevar al divorcio entre Congreso, Administración, Concejo y sector privado de los últimos años. Hay que construir puentes de interacción y flujo de ideas y ejecutorias entre las instancias distrital, nacional y, obviamente, departamental, bajo la premisa de que para los intereses de la ciudad lo importante es sumar.