El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, desde que asumió su mandato popular, trabaja por fortalecer a las Fuerzas Armadas. El Presidente heredó una situación de hecho en la cual las Fuerzas Armadas al ser eliminado el fuero militar se les impuso un exótico “corset”, que en la práctica tendía a asfixiarlas. El ministro de Defensa, Camilo Ospina, desconceptúa el Fuero Militar, mediante un acuerdo administrativo a todas luces inconstitucional, pasa la competencia de juzgar a los soldados a la Fiscalía General, al facultarla para determinar la instancia para juzgar a los militares. Acore, bajo la responsabilidad del general Juan Salcedo Lora, demandó el acuerdo administrativo que violaba la Constitución, en consecuencia el Consejo de Estado en el 2010, lo suspendió provisionalmente. A los pocos días el ministro de Defensa, Gabriel Silva, súbitamente, se opuso a la disposición del Consejo de Estado y envió un memorial a esa instancia judicial en el que pedía que el convenio que le dejaba a la Fiscalía el juicio a los uniformados continuara vigente. Lo que en efecto acogió el alto tribunal. El Consejo de Estado a última hora anuló esta semana el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía, si lo hubiese hecho antes habría seguido vigente lo dispuesto por la Carta de 1991.
Al desconocer la sociedad la naturaleza y el peligro que corren los militares en la lucha contra la subversión, con el enemigo invisible que les dispara desde la oscuridad o los acosa con actos terroristas, quedó asimilada a la de cualquier particular que tiene un incidente fatal y armado con un civil, puesto que eso es lo que consagra la justicia ordinaria. Los soldados y héroes que salían de los cuarteles a combatir a los terroristas, en caso de responder al fuego enemigo y dar en el blanco, solían ser acusados de homicidas. Como tales se les juzgaba. El sistema se desquició y pese a los esfuerzos del gobierno de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos, por combatir esos frentes armados, semejante despropósito jurídico golpeó severamente la moral y la capacidad de combate de las Fuerzas Armadas. En coincidencia con esa desmoralización se produjeron dolorosísimos casos de crímenes cometidos por uniformados contra civiles inermes, conocidos como falsos positivos. En los cuales participaron unos pocos oficiales y soldados, que empañaron la imagen de la institución. Y van por más de 12 mil los casos de militares sujetos a investigaciones por la justicia, que deben ser cuidadosamente estudiados y resueltos a derecho.
El antimilitarismo ha progresado notoriamente en el Congreso. No faltan los delirante civilistas, no necesariamente de extrema izquierda, o críticos viscerales que pretenden exigirles a los militares para los ascensos una certificación notariada por sus superiores en la que conste que cual hermanas de la caridad nunca han matado ni una cucaracha o se desmayan al sentir el acre olor a pólvora; por lo que los oficiales troperos que se han jugado la vida por la sociedad en combate, suelen llevar la peor parte en los ascensos. Injusticia que debilita y atenta contra la moral de los oficiales. Falta que algún exaltado proponga en el Capitolio que aprueben una ley que establezca que se prohíbe el ascenso de cualquier oficial que haya sido condecorado por servir a la patria en orden público. Ocurrencias que se dan en un país el 70 % del territorio bajo la amenaza de los frentes subversivos y las bandas armadas, con capacidad de financiar la compra de armas sofisticadas y mantener en permanente zozobra el orden y la soberanía nacional.
La responsabilidad de los legisladores es inmensa, en momentos en los que el Estado debe mostrarse fortalecido, en los que un Tribunal Internacional atropella nuestra soberanía y se negocia en La Habana con las Farc. La coraza del fuero militar es esencial para continuar la lucha contra la subversión con posibilidades de éxito; devolverles a plenitud la moral a los soldados es un deber de la sociedad, lo mismo que recuperar el orden en todo el país. Como lo exigían distintas organizaciones y elementos del exterior, los delitos de lesa humanidad no los va a cobijar el Fuero Militar. Se toman todas las medidas para establecer competencias y se crea un Tribunal de Garantías, que dirimirá las competencias de lo militar y civil.
El presidente Santos y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, así como el Congreso de la República junto con los partidos de orden, en particular el Partido Conservador, han dado muestras de valor civil y defensa de la soberanía, como de realismo político, para proceder a devolver el Fuero Militar a los soldados. La correspondiente conciliación en Senado y Cámara, debe proceder.