La mayoría de los colombianos que seguimos la evolución de las negociaciones en La Habana entre los representantes del gobierno y los subversivos, tenemos la esperanza que  se llegue a un acuerdo político que haga posible el desarme de los agentes de la violencia. El conflicto armado ha sido determinante en los últimos cincuenta años en favorecer el atraso de las zonas rurales del país. Los grupos armados han asolado por décadas los campos, son incontables  los muertos, las familias destruidas, los heridos, los desplazados, los ataques a la infraestructura, las vías y el consiguiente retroceso económico y social por cuenta de los atentados. Los economistas y expertos calculan que al superar el conflicto armado vendrían mayores inversiones en las zonas periféricas, bajaría el gasto militar y se podría avanzar en misiones de desarrollo, obras públicas y en planes de expansión económica de todo tipo. Ello facilitaría la incorporación al desarrollo productivo de sectores de la población rural condenados a la miseria y la frustración secular por cuenta de la violencia homicida. Millares de seres podrían salir de la pobreza en los campos, lo que no se daría por generación espontánea, puesto que no se pasa de la barbarie encarnizada y fratricida, al sosiego de la civilización de un momento a otro.

Es conocido que firmar la paz no significa que cese el conflicto por arte de magia ya que existen causas y factores, como la debilidad del Estado, que determinan que en muchas de las regiones donde impera la violencia atávica y el terrorismo se tarde en restablecer el orden, en la medida que en el postconflicto algunos grupos armados no entregan las armas y pasarían a constituir nuevos grupos armados o se sumarían a otros ya existentes. Y no basta con que las partes pongan su rúbrica en un compromiso de paz, si el mismo no se sustenta en el realismo político...

La paz no puede desconocer valores que son propios del sistema democrático, ni atentar contra las instituciones o terminar por ceder en asuntos fundamentales que son vitales en un Estado libre y comprometido con valores civilizados innegociables. Es evidente que las denominadas Zonas de Reserva Campesina vienen desde los tiempos en los cuales se aprobó la ley 160 de 1994, con la finalidad de proteger en ese momento a las familias desplazadas por la violencia y se trasladaron a zonas aisladas de colonización con la finalidad de iniciar una nueva vida y consagrarse al trabajo rural. Una situación excepcional  en donde no se establecía en ningún caso que pudiesen actuar por fuera de la ley.

Ya tenemos el caso de indígenas que cometen  delitos que son punibles en la sociedad civil y que entre ellos no pasan de ser una falta menor o ni siquiera se consideran como una trasgresión que merezca ser castigada, dado que aducen que se trata de una costumbre ancestral que no van a cambiar. Lo que ha conducido a situaciones intolerables y absurdas como la de un grupo de indígenas que expulsó en el Cauca a varios soldados cuya misión no era otra que defender a los habitantes del resguardo de los ataques de las Farc. Ese fue un hecho vergonzoso que sentó un precedente funesto para las fuerzas del orden, que no debió ocurrir nunca y menos ser permitido por los soldados que fueron retirados a la fuerza de una porción del territorio colombiano, cuando ellos son los llamados defender la soberanía nacional.

Es de imaginar lo que podría ocurrir si se entrega a las Farc extensos territorios, en zonas previamente desmilitarizadas, en donde ejercerían la soberanía. Estarían consiguiendo por la vía de la negociación lo que en vida de Tiro fijo se convirtió en su primordial objetivo político: balcanizar el país al crear varias repúblicas independientes. Con la diferencia que en los primeros tiempos del asalto subversivo apenas contaban con armamento modesto, la ayuda en armas y asesoría de Cuba, puesto que los cultivos ilícitos eran incipientes en esas zonas del país. Cosa muy distinta es que los subversivos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad puedan trabajar en zonas rurales, en las que puedan tener ayuda y asesoramiento del Estado. Tal como lo hemos propuesto en el caso que se avance en planes ambiciosos y extensivos de reforestación en zonas como la de la Orinoquia, en donde en 6 u 8 millones de hectáreas podrían trabajar los desmovilizados de las Farc, de los autodefensas, ex militares, campesinos de distintas regiones, debidamente protegidos por el Estado y que acepten a plenitud la obediencia a las leyes colombiana.

Abolir la soberanía estatal en las Zonas de Reserva Campesina podría conducir a la balcanización del país y en consecuencia a una violencia aún mayor que la que hemos vivido en el último medio siglo.