* Campanazos de Defensoría y Procuraduría

* La porosidad fronteriza, factor de violencia

La frontera entre Colombia y Venezuela continúa siendo una de las zonas de inseguridad y desorden público más críticas del país. Si bien es cierto que en el último año el recrudecimiento de la violencia llevó a que se ampliara la presencia de la Fuerza Pública en departamentos como Norte de Santander y Arauca, principalmente, el accionar de los grupos residuales de las Farc, la guerrilla del Eln así como de bandas criminales organizadas y facciones de delincuencia común continúa victimizando a la población civil.

El caso más complicado, sin duda alguna, corresponde a Arauca. Aunque los reportes de las autoridades policiales y militares indican que han disminuido los índices de homicidios y casos de terrorismo, la población de la zona continúa denunciando un alto grado de acoso por parte de los grupos ilegales.

Quince días después de que fuera asesinado el diputado liberal Carlos Alberto Hernández en zona rural de Fortul, esta semana se conocieron dos informes que prenden más alarmas sobre lo que está pasando en este departamento al oriente del país.

De un lado, la Defensoría del Pueblo alertó sobre la persistencia de la situación de violencia sistemática en este territorio, sobre todo por el accionar de actores armados ilegales que en sus enfrentamientos afectan a la ciudadanía inerme. Según la entidad del Ministerio Público, desde el 2 de enero se presentó un recrudecimiento de los combates y aunque hubo una reducción de las acciones violentas en el marco de la jornada electoral, en las últimas semanas se registra un nuevo repunte de las mismas. Incluso, desde el fin de semana pasado se reportan combates en varias veredas y un resguardo indígena del municipio de Tame, provocando el confinamiento de la población. Entre los hechos más graves está la “retención” de “15 personas cercanas a procesos de reincorporación”, cuyo paradero se desconocía hasta ayer.

Se trata de hechos de honda preocupación, sobre todo en un departamento en donde este año se reportan casi 230 homicidios en el marco de las confrontaciones en los siete municipios araucanos y la población aledaña de Cubará, en Boyacá.

De otra parte, la Procuraduría, tras hacer seguimiento a los recursos destinados para atender a las víctimas en el cuatrienio en Arauca, señaló que durante el 2022 se evidenció el mayor número de vulneraciones a los derechos humanos allí, triplicando el promedio de los años anteriores. El desplazamiento forzado continúa siendo la principal afectación, seguida de amenazas así como de actos terroristas, atentados, combates, enfrentamientos y hostigamientos.

El mismo ente de control disciplinario trajo a colación que entre 2018 y 2022 recibió 4.660 declaraciones de hombres y mujeres en situaciones de violencia y conflicto, de los cuales 3.978 corresponden a hechos ocurridos en este territorio y 682 en otros departamentos. La situación es tan complicada que la capacidad técnica y financiera de los municipios para asistir a las víctimas ya está sobrepasada.

Lo más grave es que los combates en territorio venezolano entre las reincidencias y disidencias de las Farc, en los que también tercian los frentes elenos, y en el marco de los cuales han caído cabecillas de primer orden en las dos primeras facciones e incluso resultó gravemente herido hace dos semanas alias ‘Iván Márquez’, prendieron las alarmas sobre el riesgo de un nuevo repunte de los enfrentamientos de estos grupos en Arauca, tal como ocurrió a comienzos de año, cuando hubo casi una treintena de asesinatos.

Por el momento, es evidente que se requiere mantener la mayor presencia posible de la Fuerza Pública en todo el departamento, especialmente en las zonas de paso fronterizo por donde van y vienen los grupos armados ilegales. Igualmente deben redoblarse las acciones de inteligencia con el fin de detectar a tiempo el riesgo de confrontaciones entre los ilegales o ataques al Ejército, la Policía o la población civil.

Ya desde el ámbito nacional y con el relevo presidencial a menos de tres semanas, es evidente que le corresponderá al nuevo gobierno determinar una nueva estrategia de seguridad y orden público para Arauca. De hecho, si se avanza en la dirección anunciada por el presidente electo Gustavo Petro en torno a un eventual proceso de restablecimiento de las relaciones entre Colombia y el régimen Maduro, es apenas lógico que uno de los temas centrales a discutir tenga que ver reforzar la vigilancia a ambos lados de la frontera y que se acabe la innegable complicidad de las autoridades chavistas con las reincidencias de las Farc y el Eln, que es el principal factor generador de violencia y muerte en toda el área limítrofe.