- La interesante propuesta del CNE
- Iniciativas estructurales se complican
La agenda legislativa para 2020 es muy abultada. Sin embargo la prioridad deberían ser las grandes reformas que desde hace varios años están pendientes pero que por distintas circunstancias políticas, legislativas, gubernamentales y de la más diversa índole no se han podido aterrizar en el Congreso.
Una de esas reformas es, sin duda alguna, la referente al sistema político y electoral, una modificación más que urgente si, para no ir más lejos, traemos a colación la cantidad de anomalías registradas en los comicios regionales y locales de octubre pasado. Fue una campaña marcada por el impacto de más de un millón de cédulas inscritas en forma irregular, así como por la dificultad mayúscula para vigilar de forma eficaz y en tiempo real la financiación de los candidatos. A ello se sumaron otros vicios de vieja data como la compra de votos, la participación de funcionarios públicos en las actividades proselitistas, un alud de aspirantes por firmas que luego buscaron aval partidista, el ‘carrusel’ de impugnaciones de última hora para tratar de bloquear candidaturas y otra amplia gama de irregularidades que, como es apenas obvio, atentaron contra la trasparencia de la jornada democrática.
Aunque siempre se habla de que llegó la hora de la reforma política y electoral, sin duda este 2020 se impone como una época muy propicia para avanzar en esa dirección ya que, a diferencia en los últimos dos años, no hay programada ninguna cita en las urnas a gran escala. Es apenas evidente que tramitar esta clase de proyectos de ley o reforma constitucional de forma paralela a las campañas proselitistas resulta inconveniente porque las bancadas y los partidos tratan de adecuar las modificaciones normativas a sus respectivos intereses coyunturales.
Ahora bien, en entrevista dominical con este Diario el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), magistrado Hernán Penagos, planteó una idea interesante en torno a cómo adelantar esta clase de reformas. Según el exparlamentario esa entidad y la Registraduría van a radicar en el Congreso una iniciativa típicamente procedimental en el campo electoral con el fin de atacar muchos de los vicios ya advertidos, dejando que el revolcón al sistema político sea impulsado en un proyecto distinto, ya sea por el Gobierno o por los partidos políticos.
Es una propuesta que parece muy consecuente dado que está demostrado que cuando el Congreso tiene que abordar proyectos de reforma estructural y a gran escala, ya sea en el campo político, judicial, tributario, administrativo, de ordenamiento territorial y de muchos otros aspectos, termina enredándose por la complejidad de los temas. Es más, al final, las iniciativas se hunden, no pocas veces bajo la alerta de ‘micos’ y artículos abiertamente polémicos y sospechosos que, por lo general, no dejan rastro sobre quién los puso sobre el tapete.
En ese orden de ideas resulta viable que primero se aborde la reforma electoral y después la del sistema político propiamente dicho. Incluso, ya hay un ejercicio parecido en lo que tiene que ver con el ajuste al sistema judicial, puesto que el actual Gobierno optó por la vía de reformas parciales o a cuentagotas, en lugar de apostar por una gran iniciativa estructural. Como se sabe, los últimos dos intentos del Congreso por una reforma a la Justicia de amplio calado fracasaron, ya que la primera hubo de ser hundida por unas inéditas objeciones presidenciales y, la segunda, si bien se aprobó parcialmente, luego fue declarada inexequible en muchos de sus artículos por la Corte Constitucional.
Es claro que en el Parlamento puede avanzar de manera más rápida una reforma que trate sobre la regulación de avales, revocatoria de candidaturas, más controles a inscripción de cédulas, procesos administrativos de reclamación, mecanismos eficientes para el caso de las nulidades e incluso una delimitación clara sobre las facultades del CNE y el Consejo de Estado en la materia. Sin embargo no pasaría lo mismo si a esa reforma se le sumara un capítulo de alcance más político y partidista como modificar la circunscripción nacional de Senado, la eliminación del voto preferente, las listas únicas obligatorias, el número de integrantes de las cámaras legislativas, el sistema de elección de los magistrados del CNE, mecanismos para la participación política de las minorías, la reingeniería las jurisdicciones territoriales, límites a la reelección y otros asuntos de alto calibre.
El Gobierno y el Congreso deberían evaluar lo planteado por el Presidente del CNE y, en caso de aceptar esa hoja de ruta, delinear el procedimiento a seguir con las bancadas y los partidos para confeccionar el articulado de la reforma política propiamente dicha. Esta podría ser la fórmula más eficiente para ajustar, de una vez por todas, un sistema cuyas falencias están sobrediagnosticadas pero nada que se avanza en su corrección definitiva.