La economía colombiana no levanta cabeza. Esa es la realidad innegable por más interpretaciones que se hagan de las cifras sectoriales, las coyunturas productivas y otras circunstancias internas y exógenas. Tras crecer apenas en un 1,1 por ciento en el primer trimestre, uno de los indicadores más bajos de los últimos años, los cálculos que se hacen respecto a lo que pudo haber pasado en el segundo son muy cautelosos, al punto que las proyecciones más optimistas no van más allá de 1,5 o máximo 1,7 por ciento, teniendo como punto de alerta el impacto del paro cívico en Buenaventura y los tres puentes festivos de finales de mayo y en junio.
Visto todo ello no es sorpresivo, entonces, que los entes internacionales estén recalculando hacia la baja sus previsiones sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) a diciembre de 2017. De las proyecciones meses atrás que situaban el pronóstico en 2,5 por ciento, como máximo, ahora se apuesta por un aún más pobre desempeño no mayor al 2 por ciento. Precisamente el Fondo Monetario Internacional, (FMI), bajó a ese porcentaje su previsión sobre la economía colombiana, señalando la debilidad productiva, la caída del consumo y la tendencia negativa de los precios del petróleo a nivel externo.
El propio gobierno Santos, aunque insiste en que la economía está mostrando síntomas de recuperación lenta pero progresiva, no tuvo opción distinta también a recalcular a la baja su meta de crecimiento y dejarla en un magro 2 por ciento.
Las firmas calificadoras de riesgo también han lanzado alertas sobre la estabilidad de las finanzas públicas, lo que es visto como una antesala de una posible y riesgosa rebaja en las notas del país.
A su turno, los gremios económicos, si bien insisten en llamar al optimismo, todos los días hacen llamados para que los planes de reactivación lanzados en los últimos dos años se reformulen, ya que los resultados en materia de consumo, industria y comercio continúan siendo muy deficientes, al tiempo que los flujos de inversión extranjera están castigados por el freno de la tendencia alcista en los precios minero-energéticos de comienzos de año.
Por último, es evidente que el impacto de la reforma tributaria fue más alto que el calculado inicialmente, sobre todo a nivel del bolsillo de las familias, capacidad de gasto y mayor desempleo.