Desde el mismo momento que entró en vigencia la Ley de Reparación y Restitución de Tierras, en 2011, se alertó sobre el riesgo de que algunas redes de corrupción compuestas por funcionarios públicos, notarios, abogados, particulares y hasta testaferros de narcotraficantes y grupos al margen de la ley empezaran a hacerle trampa a una normatividad creada para devolver a sus legítimos dueños centenares de miles de hectáreas que fueron arrebatadas a sangre y fuego en medio del conflicto armado. Incluso se llegó a hablar de ‘ejércitos anti-restitución’ compuestos por bandas criminales que asesinaban o intimidaban a los reclamantes, o que forzaban a los despojados a firmar escrituras sobre falsos procesos de venta con el fin de simular legalidad en los cambios de titularidad de los predios robados.

Desde entonces las autoridades han activado distintas herramientas para tratar de judicializar a estas redes de corrupción en materia de tierras de desplazados y despojados. De igual manera, se implementaron progresivamente mecanismos que permiten inmovilizar las transacciones sobre terrenos reclamados por víctimas, a las que, además, se le ha creado un sistema de protección y medidas cautelares.

Sin embargo, las mafias que se oponen a la devolución de las tierras a sus legítimos dueños aún continúan operando, acudiendo cada vez a modus operandi más difíciles de detectar. Afortunadamente las autoridades no han bajado la guardia y prueba de ello fue la operación anunciada ayer en torno a la captura de una banda delincuencial dedicada a la levantar las medidas cautelares que pesaban sobre bienes destinados a la reparación de las víctimas, con el objeto de permitir su negociación con presuntos compradores de buena fe. Los operativos se llevaron a cabo en Atlántico, Bolívar y Cundinamarca e impidieron la comercialización ilícita de predios avaluados en no menos de 120 mil millones de pesos.

Lo importante es seguir profundizando estas operaciones, más aún porque entes de control como la Procuraduría y la Contraloría han advertido en repetidas ocasiones que la implementación de la ley de restitución de tierras está rezagada por cuestiones procedimentales, presupuestales, corrupción y coacción violenta.