*Preservar la moral y el honor de las FF.AA.
*¿No es el Congreso quién vigila el presupuesto militar?
En su época, el presidente Virgilio Barco sostuvo a la prestigiosa revista South que Colombia debería hacer con sus militares, para tenerlos calmados, lo mismo que en Venezuela: repartirles contratos. Desde luego, el tema causó un escozor descomunal. Y Barco hubo de jamás reiterar sus palabras. Ahora, a 25 años de ello, el presidente Juan Manuel Santos desestima por supuesto semejante concepto y ordena el contrario: oficial que sospechosa y lesivamente esté vinculado a los contratos militares no será bienvenido en el cuerpo castrense.
No puede ser bueno, tampoco, que el más alto oficial de las Fuerzas Militares ande diciendo textualmente por ahí que hay que organizar “mafias” en las prisiones militares para enfrentar a los fiscales. Un estropicio de tal significación jamás producirá nada positivo por lo que de hecho comporta conceptualmente, es decir, por la evidente transgresión constitucional que conlleva un pensamiento de dicho calibre, cualesquiera sean las circunstancias en que se diga. En efecto el que menos puede decirlo así, como principal guardián del orden público y la ley, es precisamente quien ha resbalado en el lodazal de consejos tan espurios. Por fortuna, cuando se hicieron públicas sus declaraciones, reculó. Y está bien recibir sus disculpas. Lo que no se puede es aceptar una mácula personal como si fuera institucional. El mismo general adujo que eran sus palabras, de manera que era inane confirmarlas en investigaciones. El presidente Santos, como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, hizo lo que tenía que hacer en uso legítimo y adecuado de su poder discrecional: preservar la moral y el honor de lo que significa ser soldado o policía, en todos los niveles. Por lo demás, no recurrió al fementido expediente de acabar con el generalato, como era la usanza de gobiernos anteriores, sino tratar el tema puntualmente.
De hecho, ha sido el presidente Santos muy claro en desarrollar esa facultad y competencia presidencial. No sólo ha sabido, desde este punto de vista, dirigir a la Fuerza Pública para dar los golpes más contundentes de que se tenga noticia en los últimos tiempos contra la subversión y el narcotráfico, sino que igualmente ha sabido abrir un razonable proceso de paz en el exterior, sin diezmar la estrategia militar interna, y soportando los diálogos en dos de los símbolos más emblemáticos del devenir militar y policial de las décadas recientes: los generales (r.) Jorge Enrique Mora Rangel y Óscar Naranjo Trujillo.
No podría decirse que los triunfos se hayan debido exclusivamente a su persona. También, en proporción superlativa, tienen merecimiento los miles de soldados y policías que han logrado, paulatinamente, recuperar el orden público. Por eso, cuando aparecen lesivas grabaciones y contrataciones sospechosas de parte de una exigua porción de altos oficiales, lo que existe allí no sólo es un hiriente desvío de las órdenes del Comandante Supremo, sino un estropicio a quienes como los soldados y policías han buscado ante todo el honor y la gloria de servir bien a su país. Siendo así, son precisamente tanto el Jefe Máximo como el más apartado miembro de la fuerza pública los que reclaman el inmediato resarcimiento de la hendidura moral causada. Y con ellos, a no dudarlo, los millones de civiles colombianos que han depositado su confianza en quienes portan las armas en su representación.
El Presidente de la República ha actuado bien y diligentemente en subsanar y remover a quienes habían dejado de lado sus facultades y competencias para entrar en terrenos movedizos y sospechosos. Así lo había hecho el propio Santos cuando fungía, en el gobierno anterior, de Ministro de Defensa y produjo la remoción de los que, por acción u omisión, aparecían implicados en los denominados “falsos positivos”. Ahora ocurre lo mismo con las grabaciones. No quiere decir ello, en absoluto, que se esté en contra de la fuerza pública. Por el contrario, se está tan a favor como que de lo que se trata es de salvaguardarla de los agentes patógenos que la inficionan, tuercen y desmotivan. No pueden existir solidaridades de cuerpo en torno de complicidades, sino al contrario, expresiones de satisfacción que corresponden, precisamente, a la honorabilidad de quienes portan el uniforme, en todos sus niveles.
Superado el episodio dentro del organigrama del Ejecutivo, la justicia y los órganos de control deben hacer lo propio para purgar la corrupción. Los contratistas castrenses de toda índole tendrían que ser más vigilados para una mejor lupa de la opinión y más que centralización de la contratación militar lo que debería haber es un escrutinio constante de parte de las comisiones del Congreso que siempre pasaban agachadas en la materia.