- Urge acuerdo multipartidista de alto calado
- La importancia de la primera legislatura
Una de las claves del buen arranque de un mandato presidencial está en la capacidad que tenga para acelerar la puesta en marcha de su programa de gobierno. Para ello es determinante lograr que el Congreso, en su primera legislatura, cuando el Ejecutivo tiene todo el capital político listo para gastar, apruebe las principales reformas legales y constitucionales necesarias para cumplir las promesas de campaña. En los dos mandatos de Uribe y luego en los de Santos la mayor productividad legislativa se dio, precisamente, en ese primer año de trabajo en el Senado y la Cámara de Representantes, al punto que en determinado momento llegó a hablarse de “legislatura admirable” por la calidad y alcance de las leyes y actos legislativos aprobados en dicho lapso.
El gobierno Duque no ha sido la excepción en torno a buscar que tanto en el segundo semestre de este año como en el primero del próximo buena parte de su agenda política prioritaria reciba el visto bueno en el Parlamento y entre a aplicarse. Sin embargo, faltando un mes para que termine el primer tramo hay un verdadero trancón legislativo. Los proyectos referidos a reformas de tipo político, judicial, anticorrupción y tributario, principalmente, están en vilo por cuanto en escasas cuatro semanas no será nada fácil que todos puedan avanzar de forma rápida en las comisiones y plenarias respectivas, más aun teniendo encima un inusual alud de mensajes de urgencia e insistencia. Los ministros de las distintas carteras han advertido que el tiempo se convirtió en un eje de presión adicional a la ya de por sí alta dificultad temática propia de ese paquete de iniciativas, a tal punto que no se descarta que alguna de ellas pueda correr el riesgo de hundirse, como ya ha ocurrido con dos o tres.
Dada esa coyuntura desde distintos sectores políticos se está urgiendo la necesidad de que Gobierno, directivas del Congreso y las distintas bancadas puedan buscar un acuerdo que permita asegurar la supervivencia de las reformas constitucionales en trámite así como la aprobación antes de que termine este primer tramo legislativo de varias leyes consideradas prioritarias. Para ello se requiere voluntad política de todos los involucrados en aras de ir avanzado pactos puntuales sobre los asuntos más fundamentales en materia política, electoral, de reingeniería judicial, el amplio menú de herramientas para luchar contra la corrupción así como el ajuste tributario que se requiere para solventar el faltante presupuestal de $14 billones para 2019. Y esa voluntad debe tener como primer requisito la disposición de la Casa de Cariño y de los partidos a ceder en algunas de sus respectivas posturas en pos de asegurar la viabilidad de los proyectos, claro, siempre y cuando el resultado sea un ajuste legal o constitucional que solucione las problemáticas y falencias más sentidas en cada uno de los frentes ya advertidos.
El momento político requiere actuaciones con grandeza y sin cálculos particulares ni menores. Eliminada la posibilidad de reelección presidencial inmediata es más urgente que el Gobierno pueda obtener del Parlamento lo más pronto posible el visto bueno a su agenda legislativa. De igual manera, estando ya a 11 meses de los comicios regionales y locales lo más conveniente es que antes de que arranque en forma la campaña proselitista las leyes y ajustes constitucionales de mayor calado estén aprobados, para que su trámite no se contamine con el ambiente caldeado que desde ya se avizora marcará el pulso partidista para la escogencia de gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles.
Obviamente, hay mucho trecho entre la necesidad de un acuerdo político para salvar la agenda parlamentaria de este año y la posibilidad de alcanzarlo, más aún en un escenario que sigue polarizado. Pero someter la suerte de unas iniciativas tan delicadas al desgastante del pulso de fuerzas en comisiones y plenarias, dependiendo en muchas ocasiones de un voto allá o aquí, o quedando sometidos a que las bancadas se retiren de los debates como única fórmula para forzar el hundimiento de proyectos con los que no estén de acuerdo, no se compadece en modo alguno con el difícil momento que vive en el país en distintos frentes.
Como se dijo al comienzo, se trata de reformas de hondo calado o urgencia manifiesta. La opinión nacional está a la expectativa de que las tres ramas del poder público actúen en consonancia y produzcan las soluciones y ajustes que urgen. Dejar pasar esta oportunidad podría resultarle muy caro a la institucionalidad colombiana y a la viabilidad misma del país.