Ya está visto que el proyecto de ley ordinaria que busca reformar el sistema de salud no será aprobado antes de que termine la presente legislatura, por lo que la iniciativa será archivada y deberá volver a radicarse una nueva en el segundo semestre.

Las reacciones no se hicieron esperar. Para algunos sectores parlamentarios y actores del sector salud se trata de una situación complicada dado que esa eventual futura ley era vista como una pieza clave del rompecabezas normativo y reglamentario que se ha venido armando en el último año para tratar de superar la crisis que agobia al sistema de aseguramiento en salud.

En la otra orilla se ubican quienes consideran que el hundimiento de la iniciativa, a la que ya es virtualmente imposible darle debate en la Comisión VII de Cámara y luego pasarla a plenaria para recibir el visto bueno, todo ello antes del 20 de junio, terminó siendo positivo, en cuanto por la presión del tiempo el articulado había sido ‘adelgazado’ drásticamente semanas atrás y se corría el riesgo de que al final vía ‘pupitrazo’ indirecto se terminara dando vía libre a la norma sin tener la suficiente discusión a fondo que un tema tan sensible y vital requiere, más aún mediando una época electoral que distrae la atención parlamentaria.

Igual hay quienes sostienen que los cambios que el proyecto sufrió tras salir de la plenaria del Senado fueron de fondo, modificándose en grado sumo el espíritu inicial de la norma, a lo que se suma que siempre estuvo sobre la mesa el fantasma del lobby hecho por distintos actores del sistema y si éste habría sido el motor de algunos de los cambios en el articulado. En no pocos sectores se alertó sobre el riesgo de ‘micos’ en las modificaciones sobre asuntos trascendentales.

Por igual hay expertos en el tema que consideran que más allá de si el proyecto que venía debatiéndose era bueno o malo, la reciente sentencia  emitida por la Corte Constitucional al declarar exequible la Ley Estatutaria de Salud, aprobada el año pasado por el Congreso, tuvo a bordo varios condicionamientos clave que deberían ser reflejados en la ley ordinaria que se venía cocinando en el Legislativo.

Más allá de cuál de las razones expuestas sea la más acertada, lo cierto es que el proyecto quedó aplazado para el segundo semestre y asuntos tan trascendentales como la transformación de las EPS deberá esperar, así como el ajuste de fondo que se planteaba a todo la arquitectura de financiación y flujo de dineros al interior del sistema. Los límites o no a la integración vertical así como la aplicación práctica de los nuevos cánones sobre coberturas de tratamientos, medicamentos y procedimientos. Incluso lo referido a la formación del recurso humano médico también quedó en el congelador, entre otros asuntos de primer orden. Igual es claro que la Ley Estatutaria prevé un desarrollo reglamentario y, según algunos conocedores, hasta legislativo, que ahora deberá involucrarse en el nuevo proyecto que se lleve al Congreso. Y tampoco puede desconocerse que el Ministerio de Salud y Protección Social ha avanzando en muchos flancos en los últimos dos años para ir superando poco a poco cuellos de botella que impiden una atención oportuna y de calidad a los usuarios. Avances referidos, por ejemplo, a la unificación de los POS, la vigilancia en el sistema de atención de urgencia o el control del precio de los medicamentos.

Por ahora lo importante no es rasgarse las vestiduras por lo que no pasó en el Congreso. Hay que mirar hacia adelante y preparar el nuevo proyecto para que llegue en julio al Parlamento.