* Alarmas prendidas en sector energético
* Imperativo un plan de choque eficiente
Las alertas se continúan prendiendo en el sector energético en Colombia. En las últimas semanas se viene advirtiendo constantemente del riesgo de un “apagón financiero” por billonarias deudas oficiales a empresas del sector, así como del peligro de un incremento sustancial en las tarifas del servicio y hasta de posibles racionamientos en algunas zonas, ya sea por problemas estructurales del sistema de generación, el impacto del fenómeno climático del Niño o incluso por escenarios de iliquidez de una parte de la cadena sectorial. Aunque inicialmente se hablaba de que la región que podría verse más afectada sería la Caribe, ahora se teme por el resto del territorio nacional.
Como se dijo, los campanazos suenan por distintos lados. La Contraloría General advertía días atrás sobre la demora en la toma de medidas efectivas para resolver los problemas de liquidez de las empresas comercializadoras. Igualmente llamó la atención por la complicada coyuntura tarifaria y el efecto de la misma en los bolsillos de los hogares colombianos. Asimismo, dijo que hay preocupación por la suspensión de contratos de energía de largo plazo.
Es claro que la volatilidad de los precios en la Bolsa de Energía, en donde el valor del kilovatio continúa disparado, está teniendo un coletazo en cuanto al alza en las tarifas, circunstancia que podría agravarse en el corto plazo, profundizando el lastre inflacionario. Si bien con la decisión de la Corte Constitucional, al declarar inexequible el estado de emergencia que el Gobierno había decretado para La Guajira, se desmontó un sobreprecio para algunos estratos altos, hay otros anuncios oficiales que preocupan. Por ejemplo, crece la incertidumbre sobre cuál será el alcance del proyecto de reforma a la Ley General de Servicios Públicos, que el Gobierno reiteró que llevará al Congreso en pocas semanas.
Por otra parte, ya los comercializadores habían advertido de la cuantiosa cifra que les adeuda la Nación por cuenta de los alivios aplicados en pandemia, sobre todo por el programa de Opción Tarifaria y otras cuentas pendientes. Se habla de saldos de siete a diez billones de pesos.
Igualmente, otros sectores económicos han pedido que se estudie el costo y viabilidad de la estructura de subsidios en el pago de este servicio, al considerar que se requiere una mejor focalización debido a su impacto fiscal.
No menos preocupante es lo que está pasando con algunos proyectos de energías limpias que han afrontado problemas -incluso con suspensión o abandono a bordo- en materia de licenciamiento ambiental, consultas con las comunidades del área de influencia, incertidumbre normativa, aumento de impuestos y un clima de negocios en el que prima la desconfianza por el alcance de algunas políticas gubernamentales. Ya varios estudios y expertos sostienen que se percibe una desaceleración en cuanto a nuevos proyectos de transmisión y generación.
Tampoco se puede olvidar que dos calificadoras de riesgo lanzaron sendas advertencias en torno a la incertidumbre que está produciendo la accidentada política de transición energética que promueve el Gobierno.
Si bien es cierto que gran parte de la matriz de generación eléctrica en Colombia está basada en la cadena hidroeléctrica (que es un sistema de producción limpia y sostenible), no se puede negar que los bandazos del Ejecutivo en torno al futuro de la producción petrolera y gasífera (esta última clave para el colchón de seguridad que representan las termoeléctricas) han impacto negativamente al sector y la economía en general. De hecho, no deja de ser paradójico que entre más el Gobierno insiste en su gaseosa, improvisada y riesgosa estrategia de marchitamiento acelerado de la exploración y exploración de los combustibles fósiles, estos no solo continúan siendo la principal fuente de ingresos fiscales sino el componente mayoritario de las exportaciones colombianas.
Visto todo lo anterior, resulta claro que se requieren medidas urgentes. Las planteadas hasta el momento por los ministerios de Minas y Hacienda resultan insuficientes en criterio de comercializadores y generadores. El costo de la deuda, la inflación, el rezago tarifario, el encarecimiento del kilovatio, el precio de la energía en bolsa, el aumento de costos operacionales y el impacto del Niño son elementos que disminuyen el efecto positivo de alternativas planteadas desde el Ejecutivo, como las líneas de crédito de Findeter o el desembolso progresivo de saldos por subsidios.
Así las cosas, es imperativo que desde el Gobierno se defina una línea de acción tangible y eficaz para el corto, mediano y largo plazos. No se puede permitir que el riesgo de “apagones” financieros o de servicio en el sector energético se vuelva un fantasma cotidiano. Cuesta creer que la incertidumbre que ha venido permeando bajo esta administración a muchos sectores, ahora también amenace con dejar a oscuras el país.