- Impacto de las reformas a SGP y regalías
- Los segundos irán a asambleas y concejos
Faltan dos días para la escogencia de los nuevos titulares de gobernaciones, alcaldías, asambleas departamentales, concejos municipales y ediles. Más allá de los resultados que arroje esta cita en las urnas y de cómo se reconfigure el mapa político dejado por los comicios parlamentarios y presidenciales del año pasado, desde ya es necesario ir poniendo sobre la mesa los retos a que se enfrentarán quienes, a partir del 1 de enero, asuman las riendas de los ejecutivos y legislativos regionales y locales.
Lo primero a señalar es que habrá cambios de fondo en la agenda. Por ejemplo, en el Congreso están en trámite varias iniciativas que impactarán directamente a las gobernaciones y las alcaldías. De un lado, ya se está debatiendo una reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), que es el mecanismo mediante el cual se definen los montos presupuestales que se giran desde el Gobierno Nacional Central a los departamentos y municipios. Si bien la Casa de Nariño tiene peros frente a esta iniciativa de origen parlamentario, lo cierto es que esa reforma debe hacerse e incluso hace parte de los compromisos asumidos con el sindicato de profesores y los estudiantes universitarios, así como con el sector salud.
No menos trascendental es la reforma al sistema general de regalías que ya avanza en sexto debate (le restan apenas dos) y que establece, de entrada, un mayor giro de recursos para las regiones productoras de recursos naturales no renovables, sin que ello implique recortes de partidas para las zonas que no cuentan con yacimientos de petróleo, gas, carbón, oro y otros minerales. También es claro que en el Parlamento están en lista de espera proyectos relacionados con el catastro multipropósito, el régimen de tierras, las corporaciones autónomas regionales e incluso una modificación a la estructura tributaria territorial, entre otras ya radicadas o anunciadas. Y eso sin contar los proyectos del próximo año sobre reformas pensional y laboral, que tocan a las gobernaciones y alcaldías en cuanto a los impactos en sus nóminas oficiales.
Hay otras normas de reciente aprobación que también implican retos para los nuevos mandatarios regionales y locales. Por ejemplo, en el marco de la descentralización y la autonomía territorial debe empezar a aterrizarse lo relativo a la Ley 1962 de junio pasado, la cual autoriza a los departamentos y al Distrito Capital de Bogotá para asociarse y conformar Regiones Administrativas de Planificación (RAP) y su posterior conversión en Regiones Entidad Territorial (RET).
En el plano político es claro, igualmente, que habrá novedades. Por ejemplo será interesante ver cómo será la gobernabilidad ahora que se estrena la figura de que los segundos en las contiendas por gobernadores y alcaldes pasan a ocupar una curul en las asambleas o los concejos. Aunque dicho mecanismo se concibió como un instrumento de inclusión a la oposición política, las realidades partidistas regionales y locales indican que ello no necesariamente pasará en cuanto al candidato perdedor.
Para el caso de los diputados y los concejales es evidente que entre sus mayores retos estará, precisamente, evitar que las elecciones de contralores y personeros terminen siendo la ‘papa caliente’ que hoy tiene bajo investigación o incluso suspendidos y sancionados a decenas de integrantes de asambleas y cabildos. Ya hay muchas lecciones aprendidas en cuanto a la forma en que deben llevarse a cabo estos procesos, como para volver a incurrir en las mismas anomalías que hoy tienen ‘empapelados’ a muchos de los salientes.
Otro asunto que marcará el arranque de los mandatos de los electos este domingo será el relativo a la adecuación de sus programas de gobierno a las nuevas realidades derivadas del Censo Poblacional 2018 y la encuesta de Sisben IV. Uno y otra serán determinantes para definir la reorganización de toda la escala de subsidios y ayudas sociales y directas, sobre todo ahora que se plantea una reforma a nivel nacional con miras a mejorar su focalización.
A todo lo anterior hay que sumar que los nuevos mandatarios regionales y locales tendrán que empezar algunas de las normas anticorrupción, sobre todo en materia de pliegos tipo y conflicto de intereses. Por igual deberán trabajar rápidamente para adecuar sus planes de desarrollo con el del gobierno Duque, que tiene énfasis muy definidos en materia de destinación presupuestal, sobre todo en temas de infraestructura, economía naranja y estrategia social. No menos retador será el acelerar la implementación del acuerdo de paz, la renovada política antidroga y acompasar los programas de seguridad urbana y rural con los lineamientos generales de la Casa de Nariño en este tema, sin duda la mayor prioridad ciudadana al tenor de las encuestas.
Como se ve, quienes resulten este domingo favorecidos con el apoyo popular tendrán, de inmediato, que poner manos a la obra para sentar las bases de sus mandatos, ya que tendrán marcos normativos, énfasis gubernamentales y agendas de orden nacional que impactarán sus gestiones desde el día cero.