*Diplomacia negativa

*La naturaleza de la crisis

Por  lo general las protestas masivas, los disturbios y los paros suelen incubarse, crecer y explotar en las ciudades. Las revueltas casi siempre son citadinas; en los  campos las distancias y el relativo aislamiento suelen demorar las reacciones. Mucho más en un país como Colombia en donde tenemos poblaciones que están en tiempos históricos y de desarrollo distintos. El abismo entre el país rural y las populosas ciudades nuestras es secular y se agrava por cuenta de la violencia que ha impedido el desarrollo y desestimulado la inversión en las regiones donde no impera otra ley que la del más fuerte. En numerosos escritos hemos señalado esta penosa circunstancia como una de las causas del atraso, que influye en la triste realidad de vivir en un país rico  en el cual los pobres se multiplican por la incapacidad de explotar nuestras riquezas en beneficio propio. Una Nación en la cual la sentencia de Florentino González, en el siglo XIX, cuando defendía en el Congreso durante el primer gobierno de Tomás Cipriano de Mosquera el libre cambio, sostuvo que los nativos del país no tenían la capacidad de ingresar a la producción industrial, que estaba reservada a pueblos más inteligentes y capaces. Por lo que -a su juicio- debíamos conformarnos con vender nuestras materias primas y comprar los bienes que producían los pueblos europeos o los anglosajones más capaces.

Ese complejo de inferioridad ha perseguido fatalmente a nuestra sociedad y son muchos los que ponen en duda la capacidad de nuestro pueblo para avanzar en los campos de la ciencia y de la tecnología. Se trata en su mayoría de elementos que no han estudiado nuestra sociedad, ni tienen ojos para distinguir la formidable capacidad  mental de los colombianos, que desconocen la superioridad intelectual y la genialidad de los más renombrados científicos nuestros. Esos mismos elementos por desgracia en ocasiones participan en las negociaciones de los TLC con terceros países, sin que defiendan con ardor los intereses del país,  con la peregrina intención de firmar cualquier contrato, para presentarlo  entre nosotros como un gran triunfo de la diplomacia. Es conocido el caso de supuestos negociadores colombianos que acuden a los foros internacionales preguntando dónde firmo, sin importar que se trate de un pacto en un idioma que desconocen, ni solicitar un traductor, lo importante es firmar. Y regresan a Colombia como triunfadores y como tales son celebrados por los medios complacientes, mucho después se descubre que las condiciones que pactaron son ruinosas para nuestros intereses.

Esa diplomacia negativa ha sido la causa de sucesivas derrotas que hemos sufrido en los foros internacionales, puesto que se repiten los casos de negociadores, diplomáticos y políticos que se allanan a la voluntad de las potencias. Lo mismo que se muestran proclives  a transar la ley cuando negocian con los alzados en armas. Es un hecho incontrovertible que a la diplomacia colombiana le falta carácter, a pesar de que tenemos notables eruditos y exégetas del derecho internacional. Es el caso de algunos tecnócratas que son enviados a negociar tratados comerciales, que no siempre defienden nuestros intereses con  lucidez y voluntad inquebrantable. Lo que se puede comprobar desde los tiempos del gobierno de Santander, cuando en el Tratado Pombo-Michelena, se entrega gran parte del territorio nacional, que el Congreso de Venezuela no aceptó.

Se podría escribir una enciclopedia con la suma de errores diplomáticos de nuestros agentes y el desconocimiento de la geopolítica de personajes que han figurado en embajadas y ministerios, por cuenta de las intrigas políticas. Y quienes pagan los platos rotos son los colombianos del común. Mientras se escriben estas líneas los tribunales internacionales atienden numerosas denuncias contra el Estado, por cuenta de compañías extranjeras con las que se firmaron contratos leoninos y con las que se aceptó la jurisdicción foránea. Si todos esos pleitos que se sustentan en malos contratos que firmaron delegados colombianos se fallaran en contra nuestra, tardaríamos varias generaciones en pagar las condenas. Lo mismo se repite cuando se trata de vender los bienes de los colombianos, somos uno de los pocos países del mundo que no defiende su riqueza minera, que cuando la mina de Cerromatoso debía retornar a Colombia, después de  años y años de explotación en condiciones pésimas para el país, en la que se escamotearon varias veces las regalías al Tesoro Púbico, se les entregó de nuevo a quienes habían defraudado a la Nación.

Las gentes del común ignoran la forma como se maneja la diplomacia colombiana o como se negocia de manera tan burda nuestra riqueza minera. Lo ignoran los campesinos que arañan la tierra en los riscos de Nariño, los que siembran papa en Boyacá o los lecheros de Cundinamarca o de otras regiones. Hasta que se sienten sitiados por el hambre, los impuestos, el costo de los insumos agrícolas y de trasporte, la manipulación de los intermediarios y las promesas incumplidas de los caciques políticos y desesperan. Esta reacción popular y de protesta que avanza del campo a las ciudades es un aviso, un campanazo de alerta sobre lo que puede pasar en un país en el cual se está produciendo una creciente desindustrialización por la llegada de terceros países de bienes producidos con tecnología de punta y por lo tanto  más baratos que los que se fabrican en el país. Fuera de que  la producción nacional  depende en algunos casos de partes que se importan o materias primas de las que carecemos.

El sucinto análisis nos muestra que los males no dependen del actual Gobierno que tiene su parte de responsabilidad, ni se solucionan con asonadas y saqueos. Por lo que lo más conveniente en estos momentos es restablecer la autoridad y mostrar voluntad real de cambio. El Gobierno debe entender que el momento político no está para aprobar leyes habilitantes como el referéndum, que podrían anarquizar más el país. Lo primero es recuperar la gobernabilidad e impedir que se extienda la anarquía. En tal sentido lo conservador y los partidos de orden debemos apoyar al presidente Juan Manuel Santos, sugiriendo medidas que nos permitan estimular el campo e impedir que la industria se derrumbe.