- Urgente citar a elecciones transparentes
- El comienzo de la reinstitucionalización
Janine Áñez, la presidenta interina de Bolivia, que asumió el poder al caer Evo Morales hace dos semanas ante la evidencia del fraude electoral, tiene un pasado político de duros enfrentamientos con el exgobernante exiliado, siendo reconocida por sus posturas verticales y afirmativas, las mismas que le han ganado el apoyo de muchos y la fogosa antipatía de otros tantos. A pesar de llevar pocos días en su cargo, al que llegó luego de una cadena de renuncias de otros altos funcionarios que debían suceder al fugado expresidente, ha tomado medidas que en otros países los gobernantes provisionales no se atreven a implementar o las dilatan en espera de un excesivo celo por buscar consensos y solidaridades.
Sin embargo, en circunstancias tan explosivas como las que vive Bolivia, la urgencia es evitar un vacío de poder, recuperar la institucionalidad y hasta evitar una eventual ‘guerra civil’ en un país dividido tras más de trece años de un gobierno autocrático de Morales, quien en su ominosa satrapía está implicado en múltiples denuncias de fraude, abuso de poder, persecución a opositores del régimen, desconocimiento de la Constitución e incluso de un plebiscito convocado por él mismo sobre la reelección, el cual perdió. También estaría involucrado, según sus opositores, en presuntos negociados multimillonarios.
El compromiso de Áñez con la urgencia de citar elecciones ha suscitado la repulsa de algunos sectores bolivianos que parecieran partidarios del caos y a los que no les convendría que se cite a las urnas y se restablezca a plenitud la democracia, la justicia y el orden institucional. Los partidarios de Morales no solo se limitan a criticarla, sino que ahora bloquean algunas zonas del país y levantan barricadas en varias ciudades con el fin de desconocer la legitimidad del gobierno provisional y sus llamados al orden. La Presidenta respondió de inmediato con cambios positivos en la cúpula militar y dotando a las Fuerzas Armadas de poderes discrecionales para reducir a los violentos, que son los mismos que han causado varias docenas de muertos en los últimos días. Ello en medio de una estrategia de los sectores pro Evo que, en pos de debilitar la democracia y facilitar la impunidad a los agitadores y al exgobernante exiliado en México, acusan a los soldados de una supuesta violación de los derechos humanos.
La reinstitucionalización boliviana también llevó a Áñez a disponer la ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana, al tiempo que ordenó la expulsión del país de varios agitadores de izquierda radical que, en algunos casos, portaban pasaporte diplomático. Incluso entre los presuntos infiltrados que buscaban las autoridades bolivianas se encuentra un argentino que años atrás habría sido cabecilla de la guerrilla de las Farc en Colombia y ahora estaría entrenando a grupos bolivianos en modalidades de agitación, terrorismo y acciones contra los militares. Incluso, las maniobras de los “viudos del poder” por debilitar la legitimidad de la mandataria han llegado a estrategias tan bajas como hacer circular un video de contenido sexual en el que aparece una mujer parecida a ella. La mandataria de inmediato respondió a los calumniadores, calificando la táctica de vil.
Sin dejarse distraer de su objetivo principal, el gobierno interino también procedió a la destitución fulminante de las autoridades electorales comprometidas en el burdo fraude a favor de Morales, en los comicios de finales de octubre, y que fue descubierto por expertos locales y extranjeros, encabezados por una misión especial de la OEA.
Lo cierto es que la tarea esencial de Áñez no es otra que restablecer el Estado de Derecho, la legitimidad democrática y el orden civilizador. Es sano que la Presidenta se ratifique en que su gobierno será corto y de transición, descartando los rumores de sus opositores en torno a que pretendería enquistarse en el poder, algo que sí hizo su cuestionado antecesor. También resulta alentador que llame a veedores nacionales e internacionales para que verifiquen que será imparcial durante la campaña presidencial que se avecina. Pero para que todo ello sea posible, es urgente que el Congreso, con fuerte presencia de la coalición que sostenía a Morales, obre en consecuencia y avale el mecanismo para la rápida convocatoria a elecciones. Pese a las trabas, poco a poco los legisladores han ido aprobando algunas de las iniciativas del gobierno de turno, sabedores que de no viabilizar la cita en las urnas se corre el riesgo de empujar a la nación al caos y la violencia generalizada.
Lo importante, en todo caso y como lo ha urgido la OEA, es que todos los sectores políticos, económicos, sociales e institucionales se comprometan a reconocer gallardamente el resultado de las urnas, sea cual sea, claro mediando un mecanismo electoral transparente. Ello es lo que diferenciará el gobierno provisional del de Morales, que empezó a construir su propia caída cuando desconoció la prohibición constitucional de ir a un tercer periodo y luego, en octubre, cuando ante los resultados adversos de las urnas, se suspendió el escrutinio y luego apareció ganando sorpresivamente, concretando un fraude tan evidente que en cuestión de pocos días llevó a que Morales tuviera que renunciar y huir a México.