Revisión cada vez más urgente
Lesiva proliferación de figuras
La propuesta gubernamental en torno a la posibilidad de estudiar la creación de un departamento en el Magdalena Medio no solo abrió el debate sobre la viabilidad de esa idea, sino que puso sobre el tapete la necesidad de que en Colombia se analicen problemáticas de vieja y nueva data en materia de ordenamiento territorial.
De hecho, la creación del mencionado departamento es una propuesta que lleva varias décadas. Ahora, más allá de quienes la apoyan o critican, es evidente que se lanzó sin que existan estudios que la soporten en materia de caracterización territorial, censo poblacional y otros aspectos de fondo en materia política, económica, social e institucional, para no hablar de los tópicos típicamente históricos y jurisdiccionales.
Aparte de ello, como se dijo, hay muchos otros asuntos pendientes en esta materia. Por ejemplo, no pocos expertos en ordenamiento del territorio llaman la atención en torno a la persistencia de conflictos limítrofes entre algunos departamentos y también entre municipios. Son pleitos que llevan décadas sin resolverse pese a las gestiones del Instituto Agustín Codazzi y los congresos de turno. Se trata, sin duda alguna, de una circunstancia que afecta el desarrollo de las regiones en litigio.
A ello debe sumarse que continúa la controversia sobre la creciente creación de distritos. A hoy el país ya cuenta con doce (Bogotá, Barrancabermeja, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Medellín, Mompox, Riohacha, Santa Marta, Turbo, Tumaco y Cali), en tanto que en el Congreso cursan varios proyectos para que más capitales y municipios obtengan dicho estatus. Estudiosos del tema han señalado que esta ‘distrititis aguda’ termina por debilitar esa figura, desgastando las facultades primarias y diferenciales en autonomía y capacidades específicas de tales jurisdicciones.
También debería entrar dentro del análisis estructural y normativo al ordenamiento del territorio lo relativo a la categorización municipal. Con más de 1.100 constituidos como tales, la crisis pandémica puso en evidencia que algunos municipios a duras penas cumplen los requisitos para dicho estatus, en tanto que a otros las clasificaciones existentes se les han convertido en una camisa de fuerza que limita sus capacidades de desarrollo e inversión.
A lo anterior debe sumarse la controversia que persiste entre los expertos que consideran que la implementación del concepto constitucional en torno a que Colombia es un país de regiones ha terminado por dar paso a un galimatías de jurisdicciones y figuras territoriales que se trasponen e incluso bloquean entre sí. Una mayor cantidad de Regiones Administrativas y de Planificación (RAP) -que reúne a departamentos-, la ya anotada proliferación de distritos, la ley que hace dos años creó la categoría de municipal de ciudades capitales y la ampliación del número de regiones metropolitanas (la última fue la de Bogotá-Cundinamarca), han terminado por crear una compleja red de esquemas asociativos seccionales y locales que, dado su alto número y la extensión de sus facultades y prerrogativas, termina, como se dice popularmente, ‘pisándose las mangueras’ y generando cortocircuitos funcionales que ralentizan las posibilidades de integración territorial en múltiples flancos, incluyendo los de asignación o situado presupuestal, superación de índices de pobreza y exclusión social, aprobación de obras y proyectos con recursos de las regalías, avance de infraestructura multipropósito, seguridad alimentaria y hasta en la oferta de productos, bienes y servicios públicos y privados. Y no faltan, incluso, quienes advierten el riesgo de burocratización de muchas de estas instancias.
Es evidente, entonces, que no solo se requiere una revisión de las normas marco de ordenamiento territorial a nivel nacional, sino también en lo regional y local. A comienzos de este año entró a regir la reforma al Código Departamental y está pendiente la del Municipal, clave para dinamizar los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad, planificación y subsidiariedad territorial. Se necesita, en consecuencia, modernizar el régimen político y administrativo garantizando una descentralización y autonomía eficaces, sin lo cual será imposible avanzar en el desarrollo de muchas áreas de periferia y suburbanización que concentran la mayor cantidad de población vulnerable y de ausencia institucional.