- Estructuras delincuenciales se reciclan y adaptan
- Respuesta integral e interinstitucional, la clave
Una de las grandes lecciones dejadas por los recientes comicios regionales y locales es que la inseguridad urbana y rural es, de lejos, la mayor preocupación de los colombianos, por encima de flagelos como la corrupción, la pobreza o el desempleo. Aunque los últimos gobiernos lanzaron en su momento sus respectivas políticas de seguridad y convivencia ciudadanas, muchos delitos de alto impacto han tenido una curva ascendente.
Algunos expertos coinciden en que un país que soportó más de seis décadas de un conflicto armado de alta intensidad, se concentró durante mucho tiempo en refinar y ajustar constantemente sus políticas de orden público para enfrentar a estos grupos armados organizados, que tenían al narcotráfico como su principal fuente de recursos. Si bien se desarticularon o desarmaron algunas facciones paramilitares y subversivas, los grupos residuales de estas tornaron luego en organizaciones delincuenciales que han ido poco a poco, en conjunto con el Eln y el reciclaje de los carteles del tráfico de drogas, generando nuevos modus operandi criminales. Esa ‘evolución delincuencial’ llevó a que su rango de operación empezara a extenderse desde las zonas rurales a los cascos urbanos progresivamente, teniendo como principal consecuencia que las amenazas para la ciudadanía ya no estuvieran solo representadas en el raponero o la banda de ladrones comunes, sino en redes criminales cada vez más complejas en materia de microtráfico, extorsión, hurto de celulares, ‘control territorial’, explotación ilegal del espacio público, préstamos ‘gota a gota’, prostitución, apuestas clandestinas…
Es claro, entonces, que los conceptos que se manejaban años atrás en cuanto a lo que implicaba la seguridad y la convivencia ciudadanas y cómo enfrentar las amenazas a las mismas, han tenido que ser replanteados constantemente. Los nuevos diagnósticos parten de la base de que la delincuencia común, aislada poco a poco, ha sido reemplazada por redes y cadenas criminales de distinta complejidad, una mayor capacidad operativa y, sobre todo, con índices de peligrosidad sustancialmente más altos. Ello ha obligado a las autoridades a redimensionar su capacidad de respuesta en todos los niveles, como ha quedado en evidencia en las distintas políticas lanzadas por los últimos gobiernos para ajustar el accionar de la Policía, en donde la palabra ‘revolcón’ ha hecho carrera cada vez que se aplican estos cambios de modelos estratégicos.
El viernes pasado, por ejemplo, el Ejecutivo lanzó su nueva Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Se trata de un cambio drástico en el modelo de vigilancia de la Policía en las calles, que establece la articulación de diferentes ministerios y entidades, prioriza el desarme general de la ciudadanía y pone a la salud mental como un factor importante para la prevención, entre otros aspectos. Partiendo de la base de que la prioridad es golpear a las estructuras criminales en todos sus eslabones, ya que sólo así es posible evitar su reciclaje, esa nueva estrategia tiene cinco ejes: cultura de legalidad para los derechos y la paz; disrupción del delito; innovación, ciencia y tecnología; ciudadanía activa y la proyección institucional.
Ya en un aspecto más puntual se implementará un nuevo Modelo de Vigilancia y Control, que reemplazará el de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes. La idea es ir más allá de la reacción policial ante un delito aislado y concentrarse en el control efectivo de los espacios de forma permanente. Se aplicará, por igual, una mayor exigencia de resultados a todas las modalidades y especialidades de la Policía. Se flexibiliza asimismo la planeación de los turnos de vigilancia y asignación de las zonas, horarios y modalidades de los uniformados. Los comandantes de estación tendrán, igualmente, mayor posibilidad de ajustar su capacidad operativa a las características y necesidades de su zona. De igual manera se redoblará la ofensiva contra las llamadas “zonas de miedo” y de mayor incidencia delictiva. Todo ello respaldado en la implementación tecnológica, que incluye inteligencia artificial para análisis de datos y planeación del servicio de vigilancia, utilización de drones y generalizar la grabación de los procedimientos policiales. También se aumentará en buen número el pie de fuerza de los uniformados y se crearán en los municipios cuerpos de Policía Cívica Local. Se traspasará a otras entidades el servicio de control de tránsito en las ciudades. Los policías tampoco harán partes de esquemas de protección de personajes y el personal uniformado no tendrá labores administrativas. Por último, se fortalecerá la capacidad de los escuadrones móviles antidisturbios y habrá estrategias más específicas para proteger a grupos poblacionales en riesgo como menores de edad o líderes sociales, entre otros aspectos…
Habrá que esperar a que la nueva estrategia empiece a dar resultados. Por ahora parece claro que los enfoques, modelos y prioridades operativas van en la dirección correcta, en la medida en que parten de analizar los cambios en el nivel y tipo de amenazas a la seguridad y convivencias ciudadanas y, sobre esa base, generan un plan de respuesta integral, interinstitucional y, sobre todo, efectivo para neutralizar la estructura delictiva y no apenas eslabones aislados.