*Superar lo coyuntural para concentrarnos en lo estructural

*Cuatro elementos básicos de una reformulación necesaria

SI  algo quedó claro en los últimos días respecto a lo que debe ser la política industrial en Colombia es que el peor de los escenarios termina siendo el enfrentamiento directo entre el Gobierno y el gremio que agrupa a las empresas de manufactura. Más allá de los rifirrafes verbales entre ambas partes, que terminan siendo anecdóticos, incluso cargados de subjetividades, lo cierto es que el horizonte de desarrollo empresarial estructural pasa por cuatro elementos primordiales.

El primero de ellos es, sin duda, el que se refiere a la creación de marcos de economía real que permitan al sector industrial desarrollarse de manera sólida. Es allí donde entran a jugar estrategias tangibles y efectivas para aumentar los márgenes de competitividad interna y externa. Para ello es necesario que la coordinación entre lo público y lo privado se enfoque, no tanto en el permanente pulso entre lo que el primero está dispuesto a ceder y lo que el segundo exige, sino en la formulación de una política de largo plazo que aclimate una verdadera industrialización, moderna y rentable, en nuestro país. En el fondo la discusión sobre el impacto de los Tratados de Libre Comercio, en un país de economía emergente como Colombia, supera la desgastada polémica sobre un mayor o menor grado de proteccionismo, para situarse en un escenario real referido a qué tanto nuestros industriales son competitivos o no.

El segundo elemento clave dentro de lo que es la política industrial colombiana tiene que ver con el efecto que sobre la productividad de las empresas manufactureras produce la carga tributaria, los gastos laborales, el índice costo-país, el peso de las erogaciones de seguridad social, el precio de los servicios públicos y otros ítems que impactan directamente sobre la rentabilidad de estas empresas. Allí se han aplicado reformas de distinta índole en los últimos años, algunas de la cuales han permitido un mayor dinamismo industrial pero otras lo han dificultado, sobre todo las relacionadas con el tema tributario. Al decir de no pocos expertos, el gran problema radica en que la política industrial colombiana no se ve como un conjunto sistémico, en el que cada medida debe ser evaluada integralmente, sino  que hay multiplicidad de entidades e instancias tomando decisiones unilaterales e incluso desordenadas que inciden en el sector manufacturero. Desde este punto de vista el mayor o menor grado de industrialización colombiana debe partir, obligatoriamente, de la formulación de esa política industrial, con rango superlativo y sistémico.

En tercer lugar es obvio que hay en el país una falencia muy preocupante en materia de desarrollo industrial. Falencia que es palpable en la insistencia de proteger algunas actividades y rubros cuya rentabilidad no depende de su propio costo-beneficio, sino de coberturas arancelarias, subsidios y otros mecanismos proteccionistas que, debe decirse abiertamente, terminan siendo financiados por el presupuesto público. En ese orden de ideas la innovación tecnológica, la modernización de sistemas productivos, la adopción de esquemas de desarrollo sostenible y la búsqueda de nuevos mercados asequibles y rentables, deben pasar del plano del deber ser a obligatorios, obviamente sustentados en una acción conjunta del Estado y los privados.

En cuarto lugar, no pocos analistas sostienen que el papel del Estado debe redefinirse, en cuanto a los mecanismos que tiene a su mano para enfrentar, morigerar, neutralizar o tramitar coyunturas que afecten el margen de acción industrial. Por ejemplo, en momentos en que el dólar supera ya la cotización récord de tres mil pesos, lo cual favorece a quienes efectivamente pueden exportar, sorprende ver que entre los propios industriales hay diagnósticos contradictorios sobre los efectos de la escalada cambiaria, lo que imposibilita a las autoridades gubernamentales y al propio Banco de la República a tomar medidas de amplio espectro. Sucede igual con las posturas referentes a cómo aplicar una estrategia de sustitución de importaciones, pues mientras algunos sectores consideran que se deben aplicar coberturas arancelarias, salvaguardias cambiarias y mecanismos de subsidios directos a productores locales, otros advierten que la economía globalizada tiene nuevos parámetros, en los que lo importante no es lo que cada país produce, sino la garantía de acceso rápido y rentable a lo que necesitan.

Visto todo lo anterior se podría concluir que, más allá de los temas coyunturales, lo que Colombia urge es la reformulación de su política industrial, tal como lo han hecho las grandes potencias y naciones de economía emergente.