- No flexibilizar aplicación del factor de calidad
- Las falencias no desaparecerán automáticamente
Las problemáticas estructurales requieren de soluciones integrales. Esa premisa no se puede perder de vista a la hora de analizar cómo seguir enfrentando las falencias en el sistema de salud en Colombia. En las últimas semanas la opinión pública se ha sorprendido por la seguidilla de medidas tomadas por la Superintendencia del ramo contra varias Empresas Promotoras de Salud (EPS). Por ejemplo, solo en los días recientes se ordenó la liquidación de Cruz Blanca y Emdisalud y quedó bajo vigilancia especial Emssanar. A ello se suman otras sanciones que pesan sobre Medimás y distintas entidades en lo corrido del año.
Como es apenas obvio hay una creciente incertidumbre entre los millones de usuarios de las EPS que están bajo la lupa porque arrastran problemas financieros, logísticos y de calidad de servicio. Aunque en cada caso se han tomado medidas para que los afiliados no se vean afectados, ya sea mediante estrategias extraordinarias de atención o activando planes para el traslado de pacientes y usuarios a otras instituciones, lo cierto es que la zozobra en la nota predominante.
Sin embargo, lo que la ciudadanía debe tener claro es que la Superintendencia, con base en la nueva ley que amplió sus facultades de inspección, vigilancia y control, ha redoblado su eficacia, sobre todo a la hora de intervenir EPS, clínicas y hospitales por graves fallas en el servicio o situaciones de insolvencia. De igual manera, se le aumentó su capacidad sancionatoria, precisamente para que todos los actores del sistema cumplan con mayor rigor la normatividad sectorial. En ese orden de ideas, lo que los usuarios deben esperar es que otras EPS, hospitales y clínicas emproblemadas también salgan de funcionamiento, puesto que ahora la calidad en el servicio, la solvencia financiera y la transparencia institucional son el principal factor de calificación.
Pero como no todo es garrote, también se avanza en el otro flanco, en el de la zanahoria. El Ministerio de Salud informó esta semana que se implementa a buen ritmo la aplicación del llamado “Acuerdo de Punto Final”, que fue aprobado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo como fórmula de salvavidas financiero para el sistema de salud. Según esa cartera en apenas tres meses ya se ha pagado $1.1 billones por concepto de las deudas a hospitales, IPS y EPS en el régimen contributivo. El Gobierno confía en que con esta inyección de capital al sistema varias de esas entidades puedan mejorar su flujo de caja y aumentar los estándares de calidad en cuanto a atención primaria, urgencias, asignación de citas, autorización de procedimientos, entrega de medicamentos y todos los demás servicios.
Sin embargo, como se dijo, las falencias estructurales no son fáciles de superar. No hay fórmula mágica ni panacea. Los problemas persisten. Por ejemplo, hace algunas semanas la Procuraduría General se vio en la necesidad de presentar una acción popular para que el Gobierno regule el precio de todos los medicamentos. El Ministerio Público sustentó ese recurso en que entre 2015 y 2018 el Estado pagó $13 billones por recobros, monto que podría haber sido inferior si existiera una política de control más eficaz en la materia.
De igual manera, la Contraloría General, en agosto pasado, inició indagaciones contra la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), la instancia que reemplazó al Fosyga, por posibles “menoscabos” relacionados con multiafiliaciones en los distintos regímenes de salud, además de pagos sin justificación por más de un billón cuatrocientos mil pesos.
A lo anterior se suma que la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales denunció al comienzo de este mes, en el marco de un debate en el Congreso, un crecimiento “incontenible” de la cartera hospitalaria, la alta morosidad de las deudas, el incumplimiento de la mayoría de las EPS de las condiciones de solvencia y permanencia en el sistema y el elevado número de entidades de aseguramiento bajo medidas especiales de la Superintendencia.
En ese mismo debate en el Parlamento, los voceros de varias EPS se quejaron de que el flujo de recursos al interior del sistema todavía era insuficiente, pese a lo cual muchas de las instituciones habían aplicado planes de salvamento y reorganización empresarial que les han permitido alcanzar los estándares de solvencia y operatividad para mantenerse a flote. Sin embargo, insistieron en reformas urgentes a la Adres.
Tampoco se puede perder de vista lo denunciado por la Defensoría del Pueblo al comienzo del año según la cual en Colombia se vulnera el derecho a la salud de algún paciente cada 34 segundos y la tercera parte de las acciones de tutela son por este concepto...
Como se ve, es claro que la reingeniería en el sistema de salud avanza. Pero hay que ir paso a paso. Es un proceso que dejará vencidos y vencedores. Varias falencias estructurales persisten y superarlas tomará tiempo. Lo importante es no flexibilizar en lo más mínimo el factor de calidad como principal exigencia para seguir operando, ya que esa es la única garantía para que el usuario reciba un buen y oportuno servicio.