- Asesinato del fiscal en Cali, un caso más
- Urgente abocar las reformas prometidas
Todo hace indicar que el asesinato de un Fiscal en la última semana de diciembre en Cali no habría tenido relación con los procesos que adelantaba en contra de bandas criminales, sino que fue producto de un típico caso de robo perpetrado por una facción de delincuencia común. Esa hipótesis tiene aún mayor piso después que los capturados aceptaron su culpabilidad en el hecho e incluso pidieron perdón a la familia de la víctima.
Si bien debe aplaudirse la celeridad de las autoridades para esclarecer este homicidio que impactó al país, pues la opinión pública aún no entiende por qué este funcionario no contaba con protección especial, el hecho de que entre los culpables de su muerte estén personas que habían sido condenadas por esta clase de delitos, uno que gozaba del beneficio de casa por cárcel y otro sorprendido a mediados de diciembre con un revólver sin salvoconducto pero que fue dejado libre, prendió de nuevo la polémica en torno a cómo evitar los altos índices de reincidencia criminal que se están presentando en el país.
No es este un debate nuevo, todo lo contrario: desde hace varios años gobernadores, alcaldes, la propia Fuerza Pública y distintas instancias de la Rama Judicial han advertido que las reformas penales y penitenciarias aplicadas en la última década restringieron de forma progresiva la facultad legal de mantener tras las rejas a sindicados y condenados por delitos de alto impacto. Tal es el caso, por ejemplo, de quienes son capturados por robos de celulares y otra clase de hurtos y delitos menores, que vuelven a las calles en cuestión de horas, días o semanas, ya sea porque las conductas que se les imputan tienen un nivel de pena que es considerado excarcelable o porque los jueces determinan que “no son un peligro para la sociedad” y, por lo tanto, no requieren de una medida de aseguramiento intramural y pueden afrontar el proceso bajo libertad condicional o detención domiciliaria.
Para nadie es un secreto que esta clase de circunstancias ha generado un alto nivel de inconformismo en la ciudadanía, que asimila como rampante impunidad el hecho de que un delincuente que hurtó un teléfono celular y es capturado y denunciado, vuelva rápidamente a las calles para seguir con sus fechorías. No hay allí ningún efecto disuasivo real en la ley penal y por eso, como lo denunciara el año pasado Asocapitales, en muchas ciudades y municipios hay delincuentes que registran decenas de entradas y salidas de la cárcel.
El presidente Iván Duque, semanas atrás, encargó al Ministerio de Justicia la redacción de un proyecto de ley para poder disminuir los índices de reincidencia criminal, en tanto que ya en el Congreso el uribismo radicó una iniciativa que busca aumentar las penas por los delitos de alto impacto y disminuir la posibilidad de que estos sean excarcelables.
Sin embargo, para algunos penalistas esta no sería la solución más efectiva. De un lado porque los niveles de hacinamiento carcelario en Colombia son hoy muy altos y ello dificulta la posibilidad de mantener tras las rejas a la gran cantidad de criminales que hoy gozan de libertad condicional o casa por cárcel. Y, de otro, porque atacar este fenómeno de reincidencia exige, ante todo, una reforma a fondo de la Política Criminal del Estado, especialmente en lo que se refiere a la función resocializadora que debe cumplir la pena que se impone a quien viola la ley.
Visto todo lo anterior, el asesinato del fiscal Alcibíades Libreros no debe llevar únicamente a que se revise de forma urgente el sistema de protección a funcionarios judiciales que manejan casos de alta complejidad, sino también a que se abra un debate definitivo sobre cómo evitar la reincidencia criminal, sobre todo en los delitos de alto impacto.
Es necesario aterrizar este tema a una reforma efectiva a los códigos Penal, de Procedimiento Penal y Penitenciario. No debe ocurrir en esta ocasión lo mismo que en casos similares anteriores, en los que la polémica estuvo en la primera plana por algunos días pero luego fue perdiendo fuelle sin que se tomara alguna medida concreta para enfrentar este flagelo. La excusa, objetiva y realista, del alto hacinamiento carcelario no puede, en modo alguno, convertirse en la única y resignada respuesta a millones de colombianos que, injustamente, fustigan a jueces y fiscales por el pronto regreso a las calles de los delincuentes, desconociendo que esos operadores judiciales lo único que hacen es aplicar los mandatos legales y constitucionales vigentes, y que mientras estos nos sean reformados la situación no cambiará.
El Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de Política Criminal, la Fiscalía, el Inpec y el Congreso de la República tienen la palabra.