En mora está el Congreso de reglamentar actividades que se han convertido en el día a día a lo largo y ancho del país. Se trata de modalidades de transporte como el mototaxismo y el bicitaxismo, que se han extendido en muchos municipios e incluso en grandes ciudades en las que miles de compatriotas utilizan cotidianamente estos servicios informales para trasladarse.

No son pocos los gobernadores y alcaldes que se han quejado de cómo la falta de claridad desde la esfera nacional los pone ante un dilema muy difícil de resolver. De un lado, las autoridades de Policía y los organismos de regulación del tránsito que les exigen a los mandatarios seccionales y locales que asuman el costo político que implican los operativos para decomisar las motos y bicicletas. Y de otro, la presión de los conductores de estos vehículos que advierten que de ellos derivan su sustento diario y, de impedirles trabajar, entonces se verían obligados, literalmente, a morirse de hambre o, incluso, empezar a delinquir. Y a todo este escenario ya de por sí complicado, hay que sumarle la solidaridad que muchos sectores poblacionales tienen con los mototaxistas y bicitaxistas bajo el argumento de que están prestando un servicio a la comunidad que no sólo es barato, sino que en muchas ocasiones se convierte en el único medio de transporte del que se dispone, pues las rutas de buses, busetas, colectivos y taxis no llegan a muchos barrios, ya sea por cuestiones de lejanía, deficiencia en la red vial o incluso por riesgos de seguridad.

Dado su nivel de informalidad, no hay una estadística real sobre el número de personas que trabajan en estas modalidades de transporte, como tampoco cuántas personas movilizan a diario, pese a los riesgos que implica al ser vehículos que no cuentan con cobertura en materia de seguros de accidentes. No existe tampoco un estimativo objetivo sobre las razones por las cuales miles de personas buscan sus servicios.

Es más, hay denuncias en varias regiones en torno de que las bandas delincuenciales se están apoderando de estas redes de transporte o incluso extorsionando a quienes manejan las motos y las bicicletas. También se han conocido quejas en varios municipios y ciudades por la forma en que los mototaxistas y bicitaxistas se han organizado en empresas informales, que fijan unilateralmente sus tarifas, delinean rutas y zonas de operación, sin ningún tipo de control. Hasta se ha sabido de peleas entre empresas porque otras ‘invaden’ sus territorios… Y como si fuera poco están las protestas legítimas de las compañías y conductores de vehículos de transporte público -masivo e individual- que operan legalmente, pagan impuestos y tarifas de rodamiento, pero que se ven enfrentados a una competencia informal y ajena a cualquier regulación.

Como se ve, tanto el Gobierno como el Congreso deben priorizar la reglamentación de estas dos actividades. Está claro que prohibirlas será muy difícil por lo extendidas que ya están en todo el país y las miles de familias que dependen de este tipo de transporte, ya sea como modo de sustento o como único medio de movilización en barrios subnormales o alejados.