* Insólito: Gobierno no ha precisado costos
* Amenaza directa a la estabilidad fiscal
“El sentido común no es nada común”. Esta frase, que se atribuye al célebre filósofo y escritor francés Voltaire, viene como anillo al dedo frente a lo que está ocurriendo con el accidentado trámite de las principales reformas del Gobierno en el Congreso, que si bien fueron radicadas desde la segunda mitad de febrero, a hoy se encuentran trabadas en el Parlamento y han frenado toda la actividad legislativa adicional.
Cuesta entender que desde el día uno de la radicación por parte de los ministerios de Salud, Trabajo y Hacienda de las iniciativas que buscan modificar de fondo los sistemas judicial, laboral y pensional, dichos proyectos no contemplaran el costo e impacto fiscal de cada una, en forma detallada y con cifras realistas. Apenas si se anexó un estudio financiero general.
Al tenor del artículo 334 de la Constitución sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, la Ley 819 de 2003 establece claramente que en todo momento el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Para estos propósitos, sostiene la norma, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.
Aunque la misma Ley sostiene que el Ministerio de Hacienda “en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso deberá rendir su concepto”, el aludido sentido común dicta que dada la complejidad de las tres reformas y los cambios drásticos que cada una de ellas plantea, era requisito lógico que desde el primer día estuviera claro cuánto podría significar al erario la adopción de los ajustes en materia sanitaria, laboral y de régimen de jubilación.
Resulta difícil de comprender para la opinión pública que siendo el Gobierno el principal impulsor de las tres controvertidas reformas, el impacto fiscal de las mismas y las erogaciones adicionales del Presupuesto Público no estuvieran señalados puntualmente desde el comienzo.
¿Cómo explicarle esta circunstancia a la ciudadanía que lleva meses viendo cómo estos debates no solo explosionaron la coalición parlamentaria oficialista, sino que profundizaron la polarización política a todo nivel? ¿Acaso no ha sido durante todos estos meses central la discusión en torno a si son viables desde el punto de vista financiero y presupuestal los cambios extremos que se proponen a los sistemas pensional, laboral y de salud, más aún cuando en cada uno de ellos la participación y rol del Estado se aumenta de forma atropellada, al tiempo que disminuye la iniciativa y participación privadas? ¿No llevan los gremios alertando durante casi todo el año sobre la imposibilidad de que el erario sufrague las modificaciones normativas que propone la Casa de Nariño, y que han sido incluso agravadas por los ponentes del Pacto Histórico en los esquemas de jubilación, atención médica y trabajo? ¿Cómo se plantea -sin efecto práctico ni real alguno- desde la Casa de Nariño concertar el contenido de los proyectos si no está claro, de forma puntual, lo que implica cada reforma para las finanzas públicas y, por ende, para el bolsillo de todos los colombianos?
Esos interrogantes, entre muchos otros más que se pueden formular sobre la materia, ponen de presente la improvisación y falta de rigor que caracteriza a las tres reformas. Que solo esta semana se haya conocido cuál sería el impacto fiscal de la iniciativa pensional y que el Ministerio de Hacienda indique que solo en próximas hará lo propio en cuanto a la de salud, resulta contrario al sentido común. No en vano, varios exministros de Hacienda y expertos tuvieron que salir a replicar a una de las parlamentarias del Pacto que llegó a insinuar que ese concepto de viabilidad financiera no se requería por ahora. Hasta el Comité Autónomo de Regla Fiscal terció en la insólita controversia, advirtiendo que más allá del estudio financiero inicial “… se deben valorar y mitigar los riesgos que no fueron contemplados en los costos presentados por el Gobierno e incorporar mecanismos sólidos para eliminarlos o mitigarlos a través de modificaciones en el articulado”.
Como se ve, al accidentado trámite de las reformas gubernamentales se le suma otro lastre, incluso más gravoso que los sistemas inviables que se plantean en materia de salud, pensiones y laboral: la incertidumbre en cuanto a cuál será su billonario costo para el presupuesto público en un país en donde el déficit no para de subir y el Gobierno no oculta su intención de hacerle el quite a la Regla Fiscal para financiar su gasto desbocado y con tintes populistas.
Como se dijo al comienzo: un total desconocimiento del sentido común.