Radican otra vez ajuste a Código Electoral
La reingeniería del sistema sigue pendiente
A menos de quince meses para los comicios regionales y locales del próximo año se volvió a poner sobre la mesa un nuevo proyecto de reforma electoral. El Ministerio del Interior, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral radicaron ayer una iniciativa que, en gran parte, recoge el articulado aprobado por el anterior Congreso en diciembre de 2020 pero que terminó siendo declarado inexequible en mayo pasado por la Corte Constitucional debido a un error de trámite muy evidente tratándose de leyes orgánicas: discutirlas en sesiones extraordinarias y, contrariando una sentencia del mismo alto tribunal, en semipresencialidad parlamentaria, lo que impidió un debate amplio, trascendente y participativo.
Tanto el titular de la cartera política como los de la organización electoral insistieron ayer en que el proyecto radicado conserva gran parte de lo aprobado a finales de 2020. Es decir, que moderniza el sistema con base en un uso más funcional de los desarrollos tecnológicos, facilita el ejercicio del derecho al sufragio, dispone la paridad de género en las listas de candidatos a cuerpos colegiados (Congreso, asambleas, concejos y juntas administradoras locales), unifica y ordena la legislación electoral (el actual código tiene más de 36 años y ha sido reformado a cuentagotas), delimita las facultades y competencias de los órganos del sistema, incrementa las garantías para todos los actores políticos, fija criterios sobre la propiedad de los software de escrutinio e incrementa el ámbito de las auditorías a todas las etapas del proceso democrático. También busca una mayor depuración del censo electoral, avanza en el régimen de inhabilidades para los ejecutivos y legislativos regionales y locales así como otra serie de ajustes en materia procedimental y de escogencia de jurados.
Tanto el Gobierno como el Congreso consideran que si la reforma al Código debe aplicarse en las elecciones departamentales y municipales de octubre de 2023, es necesario que el trámite de este proyecto de ley orgánica tenga mensaje de urgencia a bordo. Obviamente sin incurrir en los mismos vicios de trámite que llevaron al hundimiento de una iniciativa que todo el país esperaba que rigiera en los comicios parlamentarios y presidenciales de este año.
Como se sabe, la debilidad de la normatividad quedó una vez más en evidencia en las elecciones de Senado debido a las graves anomalías en más de cinco mil mesas en donde los jurados cometieron un insólito error que llevó al desfase de más de un millón de votos entre el preconteo y los escrutinios.
Obviamente, al tenor de las primeras reacciones de los congresistas, sobre todo de aquellos que no pertenecen a la coalición gobiernista, hubiera sido mejor un debate previo con todas las colectividades para analizar los alcances del proyecto y buscar la mayor cantidad de consenso que garantice un trámite expedito de la iniciativa. El tiempo aquí es clave, no solo por estar a quince meses de la próxima cita a las urnas, sino porque al tratarse de una iniciativa de carácter orgánico (ya que regula derechos fundamentales) se requiere de examen constitucional previo antes de entrar en vigencia.
Igualmente, como lo hemos reiterado en esas páginas, es innegable que este proyecto de reforma se basa en los aspectos procedimentales del sistema electoral, pero no es la reforma política estructural urgida en las últimas décadas, sin que los congresos ni gobiernos de turno hayan podido sacarla avante. Incluso cuando lograron avanzar alguna iniciativa al respecto, no pocas terminaron siendo declaradas inexequibles total o parcialmente. El tamaño del Congreso, la eliminación de la circunscripción nacional para Senado, la obligatoriedad de las listas únicas, el adiós al voto preferente, una modernización del estatuto partidista, mayores ajustes a los regímenes de inhabilidad e incompatibilidad, ampliación de las causales para pérdida de investidura, más mecanismos anticorrupción y una reingeniería a la arquitectura electoral son asuntos, entre muchos otros de fondo, que siguen pendientes.
Se esperaba que dadas las mayorías políticas del nuevo Gobierno en ambas cámaras legislativas se apostara por una iniciativa más ambiciosa y por encima de lo estrictamente procedimental. También que se buscara compilar una sola iniciativa integral y funcional, en lugar de que, como está ocurriendo, se presente un alud de proyectos inconexos, como los de ajuste al Congreso. Habrá que esperar cómo se tramitan los proyectos ya radicados que, aunque buscarían modernizar el sistema electoral y hacerlo más transparente y ágil para cimentar la legitimidad democrática, por ahora despiertan más dudas que certezas.