Apenas si está despuntando el año y ya se está hablando de que a mediados de marzo, cuando comience el último tramo de legislatura de este cuatrienio gubernamental, se presentará al Congreso un proyecto de reforma a la justicia.

Si bien nadie niega que esta rama del poder público requiere desde hace años un ajuste integral a todo su andamiaje institucional, lo cierto es que llevar al Parlamento un proyecto de reingeniería judicial en medio de una campaña electoral genera riesgos que deben ser sopesados con cabeza fría.

Es apenas ingenuo desconocer que si bien para cuando arranque el Congreso ya habrán pasado los comicios parlamentarios, la campaña presidencial entrará en su recta final de cara a la primera vuelta en mayo, e incluso una segunda en junio. Dada la importancia de la puja por la titularidad en la Casa de Nariño a partir de agosto de 2014, es claro que el país estará enfocado en la competencia por el Solio de Bolívar y no tendrá tiempo para concentrarse, con la seriedad y profundidad que un tema de este calibre exige, en la reforma a la justicia.

La tesis en torno a que es viable presentar el proyecto bajo la estrategia de rescatar buena parte del articulado de la reforma que se hundió a mediados de 2012, en medio de un proceso caótico que obligó incluso a acudir a las objeciones presidenciales, termina siendo incierta. De un lado debe recordarse que esa iniciativa no generó consenso en las altas Cortes judiciales, sobre todo con la gran cantidad de polémicos cambios que se le introdujeron durante el accidentado trámite legislativo. Y, de otra parte, es claro que algunas de las realidades que dieron origen a esa malograda iniciativa hoy son muy distintas, ya sea porque se agravaron las falencias de entonces o, el caso contrario, varias de éstas se han podido superar por medidas internas en la Rama o decisiones del Ejecutivo o Legislativo.

En sana lógica si se va a impulsar una nueva reforma a la justicia, lo mejor es hacer un nuevo diagnóstico. El Gobierno ha procedido así para sustentar sus más grandes propuestas al Congreso y la eficacia de las normas aprobadas evidencian la certeza de este proceso. Las improvisaciones y afanes de no dejan nada bueno, y menos el tratar de hacerle eco a la cantidad de propuestas que se están escuchando en medio de la campaña electoral. 

Las altas Cortes, la academia, el Congreso, las facultades de Derecho y otros sectores deben empezar a ser convocados para iniciar la construcción, artículo por artículo, de una reforma integral, coherente, sistémica y funcional de la Rama Judicial. El Ministro de Justicia, a cuya cabeza hay un experimentado jurista, tendrá que liderar ese proceso y sólo cuando haya un texto consolidado, la iniciativa podría ser radicada.

Por el momento, las falencias deben ser afrontadas con medidas de más corto alcance, tanto de nivel ordinario como extraordinario, si es el caso.