* Una urgente modernización normativa
* Cortocircuitos entre lo local y regional
Si bien es cierto que al saliente Congreso apenas si le quedan escasos dos meses de trabajo legislativo, hay anuncios gubernamentales sobre proyectos a radicar en este corto lapso que llaman la atención, no tanto porque haya tiempo para que avancen de manera sustancial en comisiones y plenarias, sino porque dejan una agenda importante para que sea asumida desde el primer día por los senadores y representantes a la Cámara elegidos el pasado 13 de marzo y que deberán posesionarse el 20 de julio, una vez se pueda esclarecer de forma certera e inapelable la voluntad popular expresada en las urnas, un mandato que, a hoy, sigue en vilo por las inéditas y graves fallas en el preconteo de votos y el lento y confuso avance en los escrutinios subsiguientes.
Un ejemplo claro de ese -innegablemente tardío- impulso legislativo de la Casa de Nariño es el anuncio en torno a que antes de terminar este mes será llevado al Congreso el proyecto que reformará el Código Municipal. Se trata de un ajuste normativo que los alcaldes y concejos han urgido de forma reiterada, sobre todo ante la evidencia de los cortocircuitos en los marcos legales que rigen el funcionamiento de las administraciones municipales y su interacción con las departamentales y la esfera del Gobierno Nacional Central.
La reforma al Código Municipal, que según el Gobierno y la federación de alcaldes ha sido construida de manera conjunta en los últimos meses, tendría tres objetivos claros. En primer lugar, modernizar la normativa relacionada con dicho régimen, al ser patente que muchas de sus bases son arcaicas o no responden a la realidad de las administraciones locales y sus necesidades más imperativas. De igual manera, la iniciativa está enfocada a desarrollar el marco constitucional para fortalecer la descentralización y la autonomía de estas jurisdicciones, sobre todo para acompasarlas con el cumplimiento de una nueva serie de funciones y competencias que se les han atribuido en los últimos años. Por último, el proyecto tiene como prioridad garantizar la participación más activa de la ciudadanía en las decisiones locales, de forma tal que el accionar de la institucionalidad municipal sea más efectivo y acorde con los planes de desarrollo respectivos.
La necesidad de modernizar este Código se hizo más inaplazable luego de que durante este Ejecutivo nacional se haya ajustado de forma sustantiva gran parte de la institucionalidad de los gobiernos seccionales y locales. Como se sabe, ya están en vigor la Ley de Regiones, la que creó el Área Metropolitana Bogotá-Región, el nuevo Estatuto Departamental (sancionado en febrero pasado) y el Estatuto de Ciudades Capitales. A lo anterior debe sumarse otras reformas clave como la del Sistema Nacional de Regalías, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Fronteras, entre varias normas que impactan de manera directa el accionar de los municipios. A ello habría adicionar distintos asuntos de primer orden como la elección por primera vez de los Consejos Locales de Juventud (en diciembre pasado) o la reingeniería a las competencias de la Contraloría y Procuraduría, así como las nuevas regulaciones sobre concejales y ediles…
Obviamente lo mejor hubiera sido que tratándose de un tema tan delicado como el Código Municipal, la reforma se hubiera radicado mucho antes. Traerla a estas alturas a un Congreso que ya está en cuenta regresiva e imbuido en la compleja resolución de la elección del nuevo Parlamento, al igual que distraído profundamente en la recta final de la contienda presidencial, no parece el escenario más adecuado para un debate que tiene tantas implicaciones. Sin embargo, estos dos meses que restan de trabajo legislativo bien podrían servir para arrancar la discusión en las comisiones y llevar a cabo audiencias públicas en distintas partes del país para que los alcaldes y la población en general conozcan las bases del ajuste y participen activamente de la confección del articulado que deberán abordar los senadores y representantes a la Cámara a partir del 20 julio.
La academia, los gobernadores, los entes de control, asambleas departamentales, concejos municipales, gremios y otras instancias deben ahondar en lo que se propondrá y, sobre esa base, plantear los cambios que se requieran para enriquecer y fortalecer esta modernización normativa desde el punto de vista político, económico, social, de competencias, estructura tributaria, integración regional, situado fiscal, reingeniería del Sistema General de Participaciones presupuestales así como sobre el ajuste funcional sobre roles locales en educación, salud, combate al cambio climático, infraestructura vial, inversión de regalías o de coordinación de políticas de seguridad y orden público, entre muchos otros aspectos clave.
Que llegue, entonces, el proyecto prometido por el Ministerio del Interior y que arranque el debate. No hay que esperar al próximo Congreso, ya que antes del 20 de julio se puede adelantar mucho trabajo en un tema tan crucial.