La crisis en el principal puerto colombiano sobre el Océano Pacífico parece de nunca acabar. En las últimas semanas ha sido blanco de varios atentados de la guerrilla, especialmente de las Farc, que han dejado a la ciudad sin el servicio de energía eléctrica, debido a los ataques contra las torres de conducción ubicadas en zona rural.
A ello debe sumárseles los graves problemas para el suministro de agua potable, ya sea como consecuencia de esos actos terroristas, la deficiencia de la red de acueducto y alcantarillado o por efectos del clima, pues cuando el invierno se recrudece o la sequía asoma, el servicio se perturba.
De otro lado, la Defensoría del Pueblo ha denunciado en reiteradas oportunidades que el puerto está atravesando una delicada situación de orden público, debido al enfrentamiento de bandas criminales y milicias guerrilleras que quieren controlar varios sectores del municipio. Los índices de homicidio han aumentado, se han registrado masacres y semanas atrás se denunció un caso muy grave de desplazamiento forzado intraurbano. Hay cuadras en algunos barrios en donde decenas de viviendas han quedado abandonadas pues sus habitantes han tenido que huir para evitar caer en medio de las refriegas entre las Bacrim y el accionar de las milicias subversivas. Las autoridades sostienen que aún hay rezagos de las viejas estructuras mafiosas que asolaron el departamento años atrás y que han mutado en nuevos y pequeños cartelitos.
Las comunidades, sobre todo en los sectores periféricos y barrios subnormales, informan de incrementos en la drogadicción, delitos de alto impacto y un número creciente de jóvenes y adultos que no encuentran empleo y tienen que trabajar en actividades informales. Los índices sobre pobreza y desigualdad en Buenaventura son alarmantes, en tanto que las gentes de la ciudad portuaria denuncian que el Estado en todos sus niveles los tiene abandonados desde hace muchos años.
Es claro que la crisis de Buenaventura no puede dejarse ahondar. Se requiere un plan de choque que desde el Gobierno nacional y en coordinación con la Gobernación y la Alcaldía del puerto permitan establecer una estrategia integral, que abarque desde temas de seguridad, infraestructura, inversión social hasta el renglón de la eficiencia en el manejo de lo público.
Pero para que lo anterior sea posible, lo primero que debe existir es un diagnóstico realista y descarnado de lo que está sucediendo. Los balances y escenarios que presentan las distintas instancias gubernamentales, de los entes de control, organizaciones internacionales e incluso ONG son muy dispares. Que se realice un estudio rápido y concreto y, sobre sus conclusiones, se delinee un plan de acción a corto, mediano y largo plazos, con instancias de evaluación precisas, de forma tal que la estrategia no se difumine en el tiempo. Hay que recuperar a Buenaventura de las garras de la violencia, el abandono y el desgreño.