El 23 de marzo, fecha límite en La Habana
Posturas discursivas vs. Realidad del proceso
El pasado 23 de septiembre el presidente de la República y el máximo jefe de las Farc anunciaron en La Habana un plazo de seis meses para la firma del acuerdo final de paz y que dos meses después empezaría el desarme subversivo. Ello significa, entonces, que a partir de mañana queda un mes para que las largas tratativas finalicen, más aún porque a cada tanto el Ejecutivo reitera que la negociación está en su “recta final”, por lo que la gran pregunta hoy es si se cumplirá esa fecha límite.
Para responder ese interrogante debe hacerse una radiografía realista del proceso, empezando por la misma vigencia de esa fecha final, y allí surge la primera contradicción: el Ejecutivo recalca que el 23 de marzo debe culminar la negociación, pero la contraparte alega que en vista de la renegociación del acuerdo de justicia transicional, esos seis meses deben contarse sólo a partir del 15 de diciembre, cuando se anunció la llamada “Jurisdicción Especial de Paz”. Incluso el viernes pasado, el Jefe del Estado advirtió que se agota el tiempo para culminar las discusiones y de no ser así, se entenderá que las Farc “no estaban preparadas para la paz”.
En segundo término, la Agenda restante todavía es amplia y compleja. Aunque desde enero se sesiona ininterrumpidamente en La Habana el punto “3” sobre “fin del conflicto” va a medio camino. En cuanto a cese el fuego y de hostilidades bilateral y definitivo lo único pactado es un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación encabezado por la ONU, que si bien fue autorizado por el Consejo de Seguridad está pendiente de que allí se dé luz verde al respectivo mandato y protocolo de funcionamiento. En la Mesa, entre tanto, las delegaciones aún analizan las reglas del juego del cese el fuego, con temas muy complejos como la extensión de las áreas de ubicación, su número, los corredores de seguridad entre las tropas de lado y lado, si la Fuerza Pública permanecerá en esas zonas y cómo se protegerá a la población civil. A ello se suma, que la reforma a la Ley de Orden Público, mediante la cual se crearían las “zonas de concentración” para los insurgentes, apenas sí empieza a ser debatida esta semana y en el Parlamento, tras el escándalo de la semana pasada en La Guajira, crecen las voces que urgen condicionar al máximo el funcionamiento de las mismas, inclusive definiendo características puntuales como en dónde se crearían, cuántas, el rol de la Fuerza Pública y cómo garantizar vida y bienes de las comunidades. Esa misma reforma debe autorizar otros asuntos clave como el levantamiento de órdenes de captura a guerrilleros rasos y la activación de la misión de verificación de la ONU. En este mismo punto “3” hay otros temas trascendentales sin acordar el cómo y cuándo del desarme guerrillero, que tiene distintas ópticas entre las partes.
Tampoco hay acuerdo sobre el mecanismo de refrendación popular del eventual acuerdo final, pues el cuestionado “plebiscito por la paz” apenas sí arranca su difícil examen de exequibilidad en la Corte Constitucional, en donde corre un alto riesgo de caerse, en tanto que las Farc no sólo lo descalifican por ser una medida unilateral del Gobierno, sino que insisten en una asamblea nacional constituyente, a lo que se opone el Ejecutivo.
La implementación del eventual acuerdo final también está en vilo, pues además de la contradicción de las partes entre plebiscito y constituyente, la alternativa que plantea el Ejecutivo, como es la creación de una “comisión legislativa especial de paz”, va a medio camino en el Congreso y luego debe afrontar un complejo proceso de revisión constitucional, a lo que se suma que las Farc tampoco están de acuerdo con esta figura. A estos asuntos gruesos de la agenda se suma que en los puntos ya acordados hay más de una veintena de “pendientes” sin resolver.
Como si fuera poco, el acuerdo sobre justicia transicional está bajo la lupa de importantes instancias internacionales que advierten sobre el riesgo de inaceptables dosis de impunidad a los culpables de delitos graves y de lesa humanidad, lo que pondría a Colombia en la mira de la Corte Penal Internacional.
Como se ve, más allá de la cercanía del 23 de marzo, el proceso de paz entre Gobierno y Farc todavía está en obra gris, con asuntos muy gruesos por acordar y, por lo mismo, hablar de “recta final” resulta una postura discursiva oficial que no concuerda con la realidad.