* Plan tripartito en esa dirección
* Escandaloso informe de la U. Javeriana
A nadie le debería sonar extraño que pueda bajarse el gasto público en medio de la apremiante situación económica que vive el país. Es una forma, ciertamente, de capear el temporal por el que pasa la economía. Y el Estado debe ser el primer interesado en adecuarse con el fin de sortear de la mejor manera la crisis.
En efecto, como es fácil deducir de lo dicho por el gerente del Banco de la República, el “palo no está para cucharas”. Existe, según los datos a la mano de todos los colombianos, una barrena económica de mayor envergadura a la que se había pronosticado a comienzos de 2023. Los índices negativos del tercer trimestre son, desde luego, una dolorosa señal para tener en cuenta. No en vano el Emisor ha tenido que advertir que el crecimiento económico para los doce meses del año no alcanzará siquiera el uno por ciento (en todo caso por debajo de la tasa de incremento poblacional).
Asimismo, no es descartable que los factores recesivos se agudicen. O que a lo sumo la economía se mantenga por un buen lapso en una situación delicada de clara tendencia restrictiva. Incluso muy diferente a los medianos, por no decir mediocres, crecimientos económicos tradicionales. Muy lejos, por su parte, de los rubros extraordinarios surgidos en la época crítica de las cuarentenas, por la pandemia y fruto de la expansión monetaria que hubo de adoptarse como estrategia frente a una economía con el switch apagado.
El panorama de 2024, ahora bajo los efectos de la contracción monetaria emergida del caldeado ambiente internacional y las repercusiones nacionales, además de las contradictorias iniciativas gubernamentales asumidas, exige prudencia. Ya está claro que la inflación no ha cedido al ritmo deseado, impactando las tasas de interés y afectando la trayectoria económica general. Pero no es el único aspecto. El tema primordial pasa, ante todo, por entender que las circunstancias del país no son las mismas que las de hace un tiempo. Y que mantenerse en esa asincronía podría causar efectos devastadores.
Si, como dicen, la política es dinámica, los elementos de la economía son todavía más. Bien en las curvas ascendentes como en las descendentes. Precisamente, por saberse de antemano, desde 2022, que estábamos al borde de una inclinación a la baja fue que advertimos que afrijolarle a la economía una reforma tributaria como la aprobada era, no solo inoportuno, sino un despropósito frente a los densos nubarrones que se oteaban en el horizonte. Y anticipaban la tormenta que se ha venido desgajando.
Por supuesto está bien, por parte de los máximos órganos jurisdiccionales, ajustar aquella reforma a los cánones legales. No solo en lo recientemente sentenciado, sino en lo que falta. Ojalá más pronto que tarde. Es apenas de rigor constitucional. Pero, por otro lado, ello no es incompatible con la propuesta del Ejecutivo de reducir el gasto en las tres ramas del poder público. Claro, si ello no obedece a una retaliación o vindicta que pueda sospecharse de que las autoridades judiciales cumplan acertadamente con sus atribuciones.
Si esto es así, el programa de reducción del gasto y burocracia nace muerto. Por el contrario, si se despoja el escenario de la emotividad comúnmente reinante, y entre las tres ramas antedichas se adopta un plan coherente, se habrá logrado acudir a la sensatez en momentos en que esto es lo más indicado.
A juzgar por el revelador estudio de la Universidad Javeriana, dado a conocer anteayer, es a todas luces irritante, para cualquier colombiano, el promedio salarial de algunas entidades y los escandalosos rubros de algunos funcionarios.
Por lo demás, esto es producto de un estado de cosas inconstitucional, puesto que resulta inadmisible que muchos ganen más que el propio presidente de la República y, de lejos, por encima de los mismos ministros. Y en suma se evada, por cualquier medio, la sindéresis que obliga la Carta al respecto. De hecho, los escalafones salariales de altos empleados estatales lucen en un desbarajuste total. Inclusive, ahora resulta que, después de tanta polémica, los emolumentos parlamentarios son una bicoca frente al estruendo de lo que perciben ciertos servidores públicos. Aun en organismos marginales. No hay equivalencia, ni grado de rigurosidad alguna. Solo prospera la idea de que, como se trata del Estado, basta con abrir el grifo y sumirse a gusto en las plácidas aguas del presupuesto nacional.
Una conducta así es intolerable mientras que la gran mayoría de colombianos deben sufrir los embates de la inflación y ajustarse el cinturón (quien sabe por cuánto tiempo). De manera que manos a la obra. Hay que proceder a reducir el gasto público, ¡ya!