El informe dominical de este diario alrededor de las dificultades que afronta el sistema de reclutamiento de soldados en Colombia deja varios aspectos para analizar.

De un lado es claro que cada día es menor el universo de jóvenes que puedan ser enrolados bajo la categoría de “soldados regulares”, puesto que la ampliación de la cobertura educativa en los últimos años llevó a que el porcentaje de muchachos que pueden terminar su secundaria sea creciente.

Como se sabe, un “soldado regular” es aquel joven que entra a prestar el servicio militar obligatorio pero no acredita su condición de bachiller. Esto permite a las Fuerzas Militares poder destinarlo a labores de vigilancia y control en zonas de conflicto, procedimiento que no se puede realizar si se trata de uniformados que terminaron su secundaria, pues éstos tienen que ser empleados en labores logísticas, administrativas u otras que no impliquen exponerlos al riesgo de combate directo con los grupos armados ilegales. La dificultad aquí, como se dijo, es que cada día es menor el número de jóvenes que cumplen el perfil para ser enrolados como “regulares”.

A ello se suma, que los bachilleres se gradúan a más temprana edad, 15, 16 o 17 años, y, como se sabe, por norma constitucional y legal ningún menor de edad puede ingresar a las filas de la Fuerza Pública. Ello obliga, entonces, a aplazar la definición de su situación militar. Es más, cuando estos jóvenes cumplen la mayoría de edad, ya están en los primeros semestres de su educación universitaria, lo que complica aún más su reclutamiento y, por ende, los padres deben entrar a pagar la llamada cuota de compensación económica al Estado, con el fin de que sus hijos sean eximidos de prestar servicio y obtengan su libreta militar.

Hay otras dos categorías de soldados. Estos los llamados “campesinos” o “de mi pueblo”, que prestan servicio en sus mismos municipios y zonas aledañas. La dificultad aquí radica en que si bien muchas poblaciones les piden a las autoridades y al Gobierno que les activen unidades y batallones de alta montaña en sus alrededores, es menor el número de familias que están dispuestas a permitir que sus hijos sean reclutados para cumplir esa función en su propia localidad.

La otra categoría son los “soldados profesionales”, que llevan gran parte del peso de la guerra, pues son los más preparados y entrenados para combate directo con guerrilla, bandas criminales emergentes y otros grupos ilegales.

A todo lo anterior se suman otras restricciones derivadas de casos como los jóvenes objetores de conciencia. También persisten los problemas en cuanto a reclutar jóvenes que sean hijos únicos, otros que provienen de familias desplazadas, cabezas de hogar, los líos con las comunidades indígenas…

No es nuevo el debate en torno de si debe aumentarse el número de soldados profesionales y disminuir en mayor proporción el porcentaje de soldados conscriptos (reclutados para prestar servicio obligatorio). Es un tema pendiente que no puede dejarse de lado por el hecho de que el país se encuentre adelantando un proceso de paz con una de las guerrillas. Incluso sí este se cristaliza, hay otros enemigos del orden público y su combate y neutralización debe ser más focalizado. En ese orden de ideas el perfil del pie de fuerza castrense sigue estando en primer plano.