La descolgada de la economía le sigue pasando cuenta de cobro al país. Ayer el Gobierno anunció que el recorte al Presupuesto General de la Nación de este año, pese a que faltan escasas cinco semanas para que termine, se elevó a 28,4 billones de pesos. Si cuantitativamente no es una cifra menor, cobra mayor dimensión al revisar que equivale a 5,6% del monto total de gastos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública que el Congreso aprobó para este 2024.

El primer tijeretazo ya se había aplicado meses atrás, por más de 20 billones de pesos, y ahora se suman otros 8,4 billones, dado que la caída en los ingresos corrientes de la nación se agravó en el remate de año, sobre todo por la profundización del retroceso en el recaudo tributario, que a octubre ya acumulaba un desfase de 17 billones de pesos.

Aunque el Ministerio de Hacienda enumeró los rubros y dependencias que serán impactados con la disminución de recursos, no está claro cuáles programas, obras, proyectos, transferencias y demás actividades puntuales serán afectadas. Lo que parece evidente es que el recorte se concentrará en dineros no ejecutados y el, ya de por sí estrecho, margen de inversión. Esto porque en gastos de funcionamiento (menos en medio del festín burocrático gubernamental) y el pago de la deuda la inflexibilidad es muy alta. Se explica, entonces, la causa del duro golpe a las finanzas del Icetex y la disminución drástica en subsidios de vivienda, entre otros.

Lo más grave es que ese recorte acumulado de 28,4 billones de pesos es inferior al previsto por el Confis y el Comité Autónomo de Regla Fiscal, así como por ANIF, Fedesarrollo y otras instancias. Algunos de esos cálculos señalaron que el monto a no ejecutar debería estar entre los 33 y 56 billones de pesos.

Así las cosas, por más que la cartera de finanzas sostenga que el tijeretazo se hace para garantizar el cumplimiento de la Regla Fiscal, otros diagnósticos señalan que si el Ejecutivo no se aprieta más el cinturón será muy complicado, por no decir imposible, que logre mantenerse dentro de este mecanismo de disciplina en el gasto, que evita que la deuda pública sobrepase los límites potables como porcentaje del PIB.

Además de lo anterior, no está claro todavía cómo se solventará la crisis presupuestal del Icetex, que tiene en vilo a más de 330.000 jóvenes que cursan educación superior y dependen de estos créditos para poder culminar sus estudios. Mientras que, por un lado, se anunciaba ayer que ya habría alguna salida para comenzar a pagar lo adeudado a las instituciones por el segundo semestre de 2024 y se dio apertura a los procesos de renovación de préstamos para el 2025, el propio Ministerio de Hacienda indicó que el futuro y presupuesto de la entidad siguen bajo estudio.

Visto todo lo anterior, es innegable que esta crisis fiscal seguramente se extenderá al próximo año, por más que desde el equipo económico se insista en que el flujo de impuestos será mayor por cuenta de menores montos en el pago anticipado del tributo de renta.

Por ahora, las alertas permanecen encendidas toda vez que estando ya a finales de noviembre el Gobierno no ha emitido el decreto por medio del cual se establece el Presupuesto General de la Nación 2025. Todo indica que la demora radica en la preocupación en torno al recaudo en el último bimestre, así como por la incierta suerte en el Congreso del polémico proyecto de reforma tributaria o de “ley de financiamiento” con el cual se buscan recaudar no menos de 12 billones de pesos. Esta iniciativa de la Casa de Nariño, como se sabe, enfrenta no solo un alud de críticas de los empresarios, gremios y analistas, sino que partidos independientes y de oposición la consideran en extremo inconveniente, salvo que el Ejecutivo acepte morigerar las propuestas impositivas, así como la autorización para flexibilizar la Regla Fiscal.

Frente a todo lo anterior, no queda más que reiterar que la crisis fiscal del Gobierno Nacional Central no se solucionará a menos que la economía, que crece a un pobre 1,6%, prenda motores de manera definitiva. Sin embargo, la política gubernamental va en contravía de ese propósito. Por un lado, porque sus reformas y demás medidas generan incertidumbre, ahuyentan la inversión extranjera y complican el clima de negocios. Y, por otro, porque se continúa apostando a atacar a la empresa privada, marchitar la industria minero-energética y disminuir las utilidades de Ecopetrol, entre otras. Una completa receta para el desastre.