* Plan de choque por implantes defectuosos
* Priorizar salud sobre lo jurídico y económico
Como un problema de salud pública. Así debe ser visto el hecho de que 15 mil mujeres en Colombia lleven en sus cuerpos implantes mamarios que no sólo tienen un índice de ruptura superior al promedio permitido, sino que el gel que los llena, además de ser de una calidad inferior a la obligada por las normas sanitarias mínimas, podría, eventualmente, aumentar el riesgo de sufrir cáncer, contaminar otros tejidos o generar masas de biopolímeros difíciles de extraer.
Más allá del debate en Francia y Europa sobre el nivel de peligro que conllevan los implantes producidos por la empresa Poly Implant Prothese (PIP), lo cierto es que las autoridades de salud en Colombia deberían formular un plan preventivo, pero con medidas de choque, para convocar a esas 15 mil mujeres a una revisión casi obligatoria en centros médicos autorizados.
Desde abril pasado, en atención a lo advertido por las autoridades sanitarias francesas, el Invima emitió la alerta sanitaria mediante la cual suspendió de forma preventiva la comercialización y uso de las prótesis PIP en el país. Ya en octubre pasado canceló el respectivo registro sanitario y recomendó a las personas con estos implantes visitar a su cirujano, inclusive si no han presentado sintomatología clínica o deterioro de la prótesis. Igualmente pidió retirar inmediatamente las prótesis ante evidencia médica de ruptura y realizar exámenes de ecografía cada seis meses.
¿Cuántas de las 15 mil colombianas con estos implantes han realizado ese procedimiento? ¿Cuál es el número de cirujanos estéticos que se han puesto en contacto con sus pacientes para advertirles de esta situación y convocarlas a las revisiones sugeridas? ¿Por qué un asunto que implica un riesgo de salud para miles de mujeres se está tornando en un pleito jurídico y económico? ¿No deberían ya el Gobierno y demás autoridades sanitarias haber emprendido una campaña nacional a través de los medios de comunicación masivos para alertar a esas féminas en riesgo? ¿No sería útil cruzar las bases de datos en cabeza de varias autoridades con los listados médicos de este tipo de intervenciones quirúrgicas, para así tener más certeza sobre el paradero de las mujeres operadas? ¿Antes que dilucidar si legalmente les corresponde o no a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) financiar estos exámenes y eventuales operaciones para el retiro de las prótesis, o caer en el eterno debate sobre si se trató de procedimientos estéticos o por razones médicas, no debería el Estado asumir precautelativamente esos costos y luego sí, neutralizado el peligro para esos miles de mujeres, pensar en cómo repetir contra la empresa francesa fabricante (liquidada en marzo pasado), sus respectivos seguros u otras instancias que, por acción u omisión, fallaron en el control de calidad de origen y autorizaron su exportación a todo el mundo?
Sin caer en alarmismos ni generar pánicos innecesarios, lo cierto es que lo importante ahora es priorizar el tema de la salud de esas 15 mil pacientes implantadas.
Queda claro, entonces, que en materia de procedimientos estéticos médicos invasivos hay que tener el máximo cuidado y el Estado tiene allí papel preponderante. Ya no sólo se trata de evitar caer en manos de personas inexpertas o inescrupulosas, así como en consultorios de ‘garaje’, que ofrecen a bajos precios y sin importar el riesgo para los pacientes desde liposucciones y prótesis hasta cirugías de alto calado. También debe vigilarse ahora lo relativo a implantes y otra clase de productos reconocidos en el mercado y que, por lo tanto, son de uso frecuente por médicos profesionales y de amplia trayectoria. Si Colombia ha tomado protagonismo en los últimos años en el llamado “turismo de salud” y miles de personas arriban al país para someterse a estos procedimientos, atraídos muchos por un costo más barato que en Estados Unidos o Europa, también debe redoblar su vigilancia sanitaria y blindarse lo más posible en este campo.