La polémica está a la orden del día en la capital del país. En las últimas semanas han surgido toda clase de denuncias periodísticas en el Concejo distrital, los cotarros políticos y los propios entes de control e investigación a nivel capitalino y nacional, en torno a presuntas anomalías en la contratación de la administración de Gustavo Petro.

En el marco de ese cruce de señalamientos, réplicas y contra-réplicas, los salpicados de manera directa a indirecta son muchos, desde altos funcionarios, exfuncionarios, contratistas, dirigentes políticos y hasta familiares del burgomaestre. Las denuncias van desde supuestas anomalías en los contratos de Transmilenio y la licitación de bombillos led para semaforización, hasta presuntas irregularidades en la contratación de las alcaldías locales.

Dada la gravedad de las acusaciones, los montos de recursos oficiales en juego así como los desmentidos enfáticos de los señalados y sus réplicas en torno a presuntos móviles políticos detrás de las versiones de supuestas anomalías, es claro que la capital del país urge claridad  inmediata al respecto.

No hay que olvidar que la ciudad aún sufre las lesivas consecuencias del escándalo bautizado como “carrusel de la contratación” y que no hay semana en que desde la Fiscalía, la Procuraduría o los estrados judiciales no se tenga noticia sobre los procesos penales, disciplinarios y hasta fiscales que se adelantan contra los dirigentes políticos, exfuncionarios distritales, concejales y contratistas que han sido imputados y hasta condenados por su responsabilidad en el que es, sin duda, el caso de corrupción y desgreño administrativo más grave de las últimas décadas en la capital del país.

No correspondiéndole a la prensa actuar como juez, ni tampoco a la opinión pública entrar a señalar, a priori, culpabilidades como tampoco  repartir absoluciones gratuitas, la responsabilidad de dar claridad en todo este maremagno de denuncias y desmentidos le corresponde a la Fiscalía, la Procuraduría, la Personería, la Contraloría, la Veeduría y demás entes de control a nivel nacional o distrital. Para ello no estaría demás que se crearán grupos interdisciplinarios de investigación, con dedicación exclusiva y suficientes recursos técnicos y humanos para que los resultados de las pesquisas se den a conocer lo más pronto posible. Esas unidades élite son urgentes, ya sea en cada entidad o trabajando en coordinación con otras. Si hubo hechos anómalos, pues que se concreten las sindicaciones y se formulen los respectivos cargos, para que sobre los culpables caiga todo el peso de la ley. Y si no hay sustento en los señalamientos, que se ratifiquen los procederes transparentes de los funcionarios y se exponga a quienes sin pruebas lanzaron acusaciones peregrinas.