En un país en donde todos los días se anuncian investigaciones exhaustivas y es común escuchar la desgastada frase “se llegará hasta las últimas consecuencias”, es entendible que la opinión pública muestre cierto escepticismo cuando se habla de pesquisas de fondo sobre asuntos de alto interés e impacto públicos.
Por ejemplo, para nadie es un secreto que uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía en general es el relativo a las falencias del sistema de salud, pues es evidente que los vacíos normativos, los problemas presupuestales y la arquitectura misma del sistema de aseguramiento, amén de asomos de corrupción y despilfarro, han llevado a que la calidad y cobertura de la asistencia médica primaria y especializada continúe siendo deficiente, pese a las sucesivas reformas que se aplican.
De allí la creciente expectativa sobre los resultados de la investigación que está adelantando la Procuraduría General en torno de si varias entidades oficiales están cumpliendo los mandatos de la Corte Constitucional para que se superen las debilidades del sistema de salud.
Según informó la semana pasada el propio Ministerio Público, al dar un parte sobre la acción cumplida para garantizar el derecho a la salud, está en marcha una investigación de alto calibre al respecto.
Como se sabe, mediante auto 263 de 2012 la Corte Constitucional instó a los órganos de inspección, control y vigilancia del sistema (superintendencias de Salud, Financiera y de Industria y Comercio), así como a los de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) que iniciaran las actuaciones correspondientes en relación con las presuntas faltas administrativas, disciplinarias, fiscales y/o penales por las irregularidades y prácticas defraudatorias, malversación de recursos, dilapidación de fondos, sobrecostos en medicamentos y corrupción que afectan al sector salud.
En cuanto a lo de su competencia, la Procuraduría informó la semana pasada a la Corte que a mediados de diciembre pasado ordenó una indagación preliminar para establecer el posible incumplimiento del Ministerio de Salud y Protección Social y del Consejo Nacional de Seguridad Social a lo ordenado por el alto tribunal en la sentencia T- 760 de 2008, referida al derecho a la salud.
Indicó el Ministerio Público que se adelanta un estudio preliminar con el fin de precisar e individualizar cada uno de los componentes de lo dispuesto por la Corte en sus respectivos autos y verificar el cumplimiento de dichas órdenes así como de los funcionarios e instancias encargados.
Se trata, como se dijo, de un proceso muy delicado y de transcendental importancia; de allí, incluso que, al tenor del artículo 95 de la Ley 734 de 2002 o Código Único Disciplinario, la actuación tenga carácter reservado hasta cuando se formule pliego de cargos o se profiera, en su defecto, el archivo de la misma.
Sería arriesgado aventurar un resultado posible de dicha investigación disciplinaria, pero es obvio que ese corte de cuentas es necesario para saber en dónde estamos en materia de salud y qué hace falta.
En el entretanto, como se ha reiterado en estas páginas, es necesario profundizar los ajustes al sistema de salud. Es claro que en los últimos dos años se avanzó sustancialmente en materia de adecuación normativa, no sólo por medidas como las reformas al Plan Obligatorio de Salud (POS) o los controles a los precios de los medicamentos, sino por la tramitación en el Congreso de una ley estatutaria -que está ya en proceso de revisión previa en la Corte Constitucional-, así como de un proyecto de ley ordinaria que ya pasó el tamiz del Senado y está ahora a consideración de la Cámara de Representantes.